500 puntos frente a 350. Ese es el ránking establecido por la Consejería de Sanidad de Madrid para ofrecer los servicios de los seis hospitales madrileños (Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Hospital del Henares, del Sureste y el del Tajo) a las empresas que quieran optar a gestionarlos. La mayor puntuación correponde a la 'oferta económica', mientras que el 'plan asistencial y de gestión sanitaria' valdrá 350 puntos y la 'oferta de participación en el accionariado a los profesionales' del propio centro se calificará con otros 150 puntos.
Así está establecido en el borrador de los pliegos de 'externalización de la gestión sanitaria' que este miércoles el consejero del ramo, Javier Fernández Lasquetty, ha entregado a los gerentes de los hospitales y al que ha tenido acceso Público.
En dicho documento se establece también el importe máximo que el Gobierno de la Comunidad abonará a las concesionarias por cada paciente que viva en el área de referencia del hospital privatizado:496,85 euros de media. Dicha cápita oscila entre los 473,51 euros del hospital del Sureste y los 518,73 euros del Infanta Leonor. Estas cantidades disminuyen en un 20% con respecto al 'coste que actualmente tiene la asistencia de cada persona perteneciente al hospital', señala el borrador. Aun así, la media máxima prevista en los pliegos supera los 441 euros que Lasquetty estimaba en su plan inicial presentado en noviembre para ahorrar 143,6 millones de euros sobre los 718 presupuestados para dichos centros.
Por otro lado, Lasquetty ha blindado la atención médica los pacientes de la sanidad pública. 'Los pliegos incidirán en que los seis hospitales externalizados seguirán perteneciendo a la red sanitaria pública [...] cualquier madrileño podrá acogerse a la libre elección de médico para ser tratado en estos hospitales [...] No podrán atender a pacientes privados', se insiste en el borrador.
No obstante, el documento sí prevé la denominada facturación intercentros. Es decir, la cantidad que un hospital paga por atender a un paciente que no pertenece a su área de referencia. Según el borrador, cuando una persona adscrita a un centro público acuda a uno 'externalizado', la Comunidad pagará a la empresa un 10% menos de lo que abonaría por esa atención en un hospital de gestión directa (es decir, de titularidad 100% pública). Por otro lado, si un paciente del área del hospital privatizado ya está siendo atendido por un centro público y su tratamiento supera los seis meses desde el inicio de la concesión, la empresa estará exenta de pago durante ese periodo de tiempo.
En cuanto a los recursos humanos, la Comunidad obliga a las empresas a mantener a los 5.200 profesionales sanitarios, entre los que se incluyen personal fijo, laboral, interino y eventual. El personal fijo podrá optar por 'permanecer en el hospital objeto de concesión', percibiendo su salario con cargo a los presupuestos públicos y dependiendo en lo funcional de la sociedad concesionaria, o bien 'integrarse en la entidad como personal laboral'. Una tercera opción para los trabajadores fijos es cambiar de hospital si no desean prestar sus servicios en el recién privatizado. El personal laboral será subrogado y el eventual e interino será obligatoriamente contratado por la concesionaria.
Como ya había anunciado Lasquetty con anterioridad, un mismo hospital podrá ser gestionado por más de una empresa. En este caso, las entidades adjudicatarias tendrán que constituirse en una nueva sociedad anónima antes de la firma del contrato. A su vez, una misma compañía sólo podrá gestionar, como máximo, tres hospitales con una vigencia de diez años. Los centros se dividirán en cinco grupos: uno por cada hospital, a excepción del hospital del Tajo, 'que por su menor tamaño concurrirá junto al Infanta Cristina'.
Por último, la Comunidad asegura también que la concesionaria garantizará 'los mismos niveles de calidad y seguridad establecidos por el Servicio Madrileño de Salud para todos los hospitales de la red sanitaria pública'.
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