Madrid comienza a estar (más) sucio de forma indefinida

La suciedad ha empezado a acumularse en Madrid desde la pasada medianoche. Los trabajadores de limpieza viaria y jardinería han comenzado la huelga indefinida que anunciaron hace dos semana contra las consecuencias del nuevo contrato integral de gestión del servicio público de limpieza y conservación de los espacios públicos y zonas verdes , el pasado 1 de agosto.

Son 1.144 despidos contra los que alrededor de 6.000 barrenderos y jardineros comienzan su pelea. Todos los sindicatos han convocado este paro, no sólo contra los despidos que pretenden las constructoras FCC- Alfonso Benítez, OHL-Ascan y Valoriza [de Sacyr Vallehermoso], sino contra las condiciones laborales que todas las concesionarias -incluyendo Cespa, de Ferrovial, que no ha presentado ERE hasta ahora- pretenden imponer en la negociación del nuevo convenio colectivo.

El "ahorro" del Ayuntamiento en esta partida asciende al 27%, 1.950 millones de euros al año. Un presupuesto que nunca gustó a las empresas, ya que supone una mordida sustancial a sus beneficios. La plusvalía hay que obtenerla de otro lugar y la única opción que les queda es exprimir a los trabajadores, ahorrar en materiales y en maquinaria, explican fuentes sindicales.

Así, los barrenderos y jardineros ya están cubriendo el doble o el triple -depende del distrito- de espacio que antes de la entrada en vigor del contrato. A parte, las constructoras pretenden reducir más de un 40% el salario, aumentar las horas semanales de trabajo de 35 a 40, imponer una jornada laboral de lunes a domingo con libranza de dos días definidos por la empresa - lo que supone el final de la plantilla de fin de semana y festivos- dejar de pagar bajas laborales a partir de un tope, "incluso la hora del bocadillo quieren quitarnos", comentaba a Público una barrendera durante la manifestación del lunes contra los despidos, que congregó a miles de personas entre trabajadores, colectivos ciudadanos y asociaciones de vecinos.

Desde los sindicatos no dudan en que la culpa de la situación actual es del Ayuntamiento y de su nuevo contrato. Sin embargo éste, de momento, mira para otro lado y sólo se ha limitado a decretar los servicios mínimos, del 40% para los trabajadores a pie de calle y el personal del Servicio de Limpieza Urgente (Selur) y del 25% para el de mantenimiento de jardines, áreas infantiles y mobiliario urbano. Pero no se ha sentado a mediar entre las empresas y los sindicatos, aunque la mesa de negociación de los EREs continúa abierta, tal y como marca la ley.

Según ha confirmado a Público Moisés Torres, representante de UGT en la mesas negociadora del convenio colectivo, el Consistorio de Ana Botella no se ha preocupado lo más mínimo de lo que pueda ocurrir con una ciudad de más de tres millones de habitantes en la que menos de 2.500 personas van a encargarse indefinidamente de su mantenimiento. En la última reunión entre empresas y sindicatos, la patronal puso sobre la mesa una reducción del número de despidos de un 12%, aproximadamente 940 menos, ha asegurado Torres.

Menos despidos a cambio de menos salario

"Las empresas se han vuelto locas. Ofrecen bajar a 940 despidos a cambio de reducirnos aún más el sueldo"

Sin embargo este descenso no les sale gratis a los trabajadores. "Han ofrecido como compensación a la rebaja que nos bajemos aún más el sueldo. La oferta actual es una reducción del 43% del salario. Se han vuelto completamente locos. Eso conllevaría a sueldos de apenas 500 euros", ha explicado el sindicalista. Por descontado, la oferta ha sido rechazada y el conflicto, si Botella no media para impedir esta sangría de despidos, se prevé largo.

Según Torres, la huelga va a ser secundada por la gran mayoría de los trabajadores. "Trabajarán los servicios mínimos y por obligación", sostiene al tiempo que se muestra sorprendido: "Esperábamos unos servicios mínimos más elevados, aunque están abiertos. El Ayuntamiento puede modificarlos cuando quiera", dice. Según el representante, estos mínimos "esconden una trampa" para cualquier huelga, y es que "cada tres días hay que dejar limpios unos distritos establecidos y ese 40% del Selur los van a emplear en cada distrito concreto y no en toda la ciudad", ha precisado.

Piquetes informativos

"Habrá gente en las puertas para controlar que las empresas no excedan los servicios mínimos" "Durante toda la noche iremos a los centros de trabajo para informar a los trabajadores que no secunden la huelga de lo que pretenden las empresas", ha dicho Torres. De este modo "Habrá gente en las puertas para controlar que las empresas no excedan los servicios mínimos. Haremos eso durante los comienzos de cada turno", ha explicado, que comienzan a las 24.00, 07.00 horas y 12.00 horas.

Comienza así un conflicto sin fecha final y en el que la solución no parece estar a la vuelta de la esquina. Desde los sindicatos apuestan por que el Ayuntamiento haga de mediador, que intervenga para fijar el mínimo de trabajadores necesarios para mantener la ciudad, pero el Consistorio asegura que esta huelga no es su responsabilidad, sino una consecuencia de la negociación del convenio colectivo y recuerda que las barrenderas no son trabajadores públicos, sino empleados de empresas privadas.

Aunque quiera distanciarse del conflicto, aunque recurra a la excusa de que la huelga es contra cuatro empresas privadas, lo cierto es que lo que desde anoche dejó de prestarse es un servicio municipal que el Consistorio tiene la obligación de garantizar y por el que los ciudadanos pagan impuestos. En el caso de Madrid, los más altos de la historia. Sin embargo, lo que esté pensando el equipo de Botella para poner fin a esta huelga y que los madrileños pueden pasear por una calles, al menos, tan sucias como hace dos días sigue siendo una incógnita. El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Diego Sanjuanbenito, ya reconoció la semana pasada que será "imposible mantener el servicio con mil empleados menos". La pelota ahora está en su tejado.