Madrid sube un 20% las tasas de matrícula universitaria

La consejera de Educación que ha cerrado once colegios de Madrid y ha impulsado un decreto que dejará en la calle a miles de profesores interinos -según denuncian los sindicatos- ha vuelto a dar un duro golpe a la enseñanza pública. Lucía Figar ha anunciado hoy la subida de tasas de matrícula universitaria para el próximo curso; una cifra que asciende un 20% con respecto al año pasado.

Tras reunirse con los rectores de las seis universidades públicas madrileñas (Complutense, Autónoma, Carlos III, Rey Juan Carlos, Politécnica y la de Alcalá de Henares), Figar ha detallado en rueda de prensa los "precios máximos" fijados por su Consejería en el decreto sobre precios públicos que, con toda probabilidad, será aprobado este jueves en el Consejo de Gobierno de la Comunidad.

Para los estudios de grado, los precios máximos en primera matrícula serán de 33 euros por crédito en enseñanzas Biosanitarias; 31 euros por crédito, en carreras técnicas; y 27 euros, en las de Ciencias Sociales y Humanidades. Ello supone que cada estudiante pagará "unos cinco euros por crédito más que el año pasado" o, hablando de la media de un primer curso completo, "30 euros más al mes", especificó Figar. Traducido a términos absolutos, la primera matrícula se encarecería entre 250 y 350 euros, según la rama elegida.

Para las segundas, terceras y cuartas (o posteriores) matrículas, la media de los precios máximos por crédito asciende a 60,64 euros; 113,7 y 151,6 euros, respectivamente.

Esa es, precisamente, la excusa utilizada por la titular de Educación de Madrid para defenderse del rechazo expresado por los responsables de dichos centros. Frente a la "oposición total" de los rectores a esta subida, Figar ha defendido que su departamento sólo fija "precios máximos" y que "las universidades seguirán manteniendo su autonomía" tanto para fijar el coste de la matrícula como para establecer medidas que favorezcan a los alumnos, como el pago fraccionado de la misma.

"Queremos que conste en el acta de aprobación del decreto nuestra oposición a esta medida", sentenció Fernando Galván, rector de la Universidad de Alcalá de Henares y presidente de la Conferencia de Rectores de Madrid (CRUMA), que apostaba por congelar los precios para el curso 2013-2014. Asimismo, Galván, que se mostró decepcionado al entender que la Consejería no les ha dejado ningún margen de negociación posible, desmintió las palabras de Figar y aseguró que el decreto que se aprobará mañana resta autonomía a las universidades. "Hemos pedido que no se incluya la preposición hasta en la redacción de la tabla de precios que se recoja por decreto, porque hace pensar que las universidades tienen capacidad de decidir sobre la cuantía tope de los precios públicos cuando la realidad no es así", denunció.

Luis Cereijo, portavoz de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas de Madrid (CREUCAM), también mostró su rechazo a la subida de tasas. "Los precios de matrícula de Madrid serán los más altos de toda España, ya que en Catalunya y otras comunidades están congelándolos o subiendo sólo el IPC", denunció el representante de los alumnos, al tiempo que anunció una posible contestación estudiantil en septiembre contra "una medida que, unida a la reforma del sistema de becas, hará imposible estudiar en las universidades públicas madrileñas".

La consejera, por su parte, negó estas acusaciones asegurando que los nuevos precios madrileños no alcanzan al precio impuesto por Catalunya el curso pasado e insistió en que los alumnos becados (40.000, en la actualidad) quedarán exentos, en cualquier caso, del pago de la matrícula. Preguntada por si no le preocupan los estudiantes sin beca que, tras la subida, no puedan hacer frente a los costes, Figar afirmó que éstos son "casos especiales" y se escudó en que "las propias universidades han creado una especie de fondo de emergencia para los casos de morosidad justificada". 

Por otro lado, la consejera de Educación de Madrid echó la culpa de estos nuevos recortes al "deber de ajustar gastos e ingresos en la Comunidad" impuesto por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. "Con el descenso de 1.000 millones de euros en los presupuestos de la Comunidad de Madrid y el objetivo de déficit asimétrico marcado por el Gobierno central, tenemos que hacer un esfuerzo muy por encima de otras comunidades", se quejó Figar. "Y no sólo nosotros, en Educación, sino en todas las demás áreas", zanjó.