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Madrid suspende sus brazaletes antimaltrato

La Fiscalía había denunciado irregularidades por parte de la empresa que prestaba el servicio

P. R.

La Comunidad de Madrid suspenderá el servicio de protección telemática (más conocido como pulseras antimaltrato) que ofrece desde hace más de tres años a las víctimas de violencia de género. Así lo anunció ayer el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, del que dependen los 186 dispositivos, durante el Pleno de la Asamblea de Madrid.

El fin del servicio se produce un mes después de que la Fiscalía de Madrid denunciara ante el juez a cuatro trabajadores de la empresa que presta el servicio, por permitir que los agresores entraran en las zonas de exclusión, rompiendo así las órdenes de alejamiento decretadas por los tribunales.

Sin embargo, Granados no aclaró ayer si éste era el motivo por el que se decidía interrumpir un servicio que tiene activas más de 180 pulseras. En su intervención, el consejero se limitó a explicar que, tras recibir un informe de los servicios jurídicos de la Comunidad, "se observan motivos suficientes para iniciar un procedimiento de resolución de contrato", según recogió Efe.

Granados explicó que ahora pedirá al Ministerio de Igualdad que asuma los dispositivos

Desde el departamento que dirige Granados apenas se ofrecieron más explicaciones. "Se han detectado irregularidades en el cumplimiento de los protocolos", respondieron. Según la Fiscalía, cuatro trabajadores de la empresa Ero & Staff permitieron que los agresores rompieran las órdenes de alejamiento, algo que sólo puede hacer un juez. El protocolo de estos dispositivos uno portado por la víctima y otro por el agresor establece que, si el centro de control detecta que el maltratador entra en la zona de exclusión, se le debe avisar de inmediato. Si el agresor no responde, o no sale de la zona prohibida, se debe alertar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El Ministerio Público denunció, asimismo, que el centro de control no puso en conocimiento del juez los incumplimientos de la orden de protección por parte de los agresores. Además de la protección física a las víctimas, las pulseras permiten verificar si los condenados cumplen las medidas de alejamiento impuestas por los jueces.

Granados explicó que ahora pedirá al Ministerio de Igualdad que asuma los dispositivos. El pasado julio, el departamento que dirige Bibiana Aído puso a disposición de los jueces de toda España 3.000 pulseras. En la consejería madrileña explicaron que ya se negocia con Igualdad para traspasar los sistemas antimaltrato. Hasta que se realice, el Gobierno regional garantizó que ninguna víctima se quedará sin protección. Desde Igualdad confirmaron el inicio de las conversaciones para dicho traspaso.

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