El mapa de las fosas comunes de la Guerra Civil podrá verse en la web de la memoria histórica puesta en marcha por el Gobierno y que estará abierta a partir de mañana por la mañana, según ha anunciado hoy el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba.

En su comparecencia en la Comisión Constitucional, Rubalcaba ha dado los principales datos sobre el cumplimiento de la ley de memoria histórica desde su aprobación hace tres años, y ha aportado cifras de beneficiados de indemnizaciones, vestigios y símbolos franquistas retirados o el citado mapa.

Datos todos ellos que a partir de mañana pueden consultarse en el portal de internet (www.memoriahistorica.gob.es), según ha asegurado el también ministro del Interior.

Entre las cifras que podrán conocerse mañana están los 125.609 pasaportes españoles ya expedidos a descendientes de exiliados, en su mayor parte procedentes de países latinoamericanos; las 13.400 personas beneficiadas de pensiones de orfandad o la pensión anual de 6.989 euros que recibe cada uno de los "niños de la guerra" reconocidos afincados en 34 países.

También ha asegurado que dentro de las medidas de "reparación y reconocimiento personal" se han dado 1.011 certificados de "ilegitimidad" de sentencias dictadas durante el franquismo por parte de tribunales como el de orden público o los de represión de la masonería y comunismo.

Rubalcaba ha admitido que hay quienes creen insuficientes estas declaraciones y piden la nulidad de los procesos, pero en su opinión "no hay mayor sanción que la declaración de ilegitimidad".

También ha citado las indemnizaciones a 90 personas que fueron internadas por su orientación sexual con arreglo a la ley franquista de vagos y maleantes y ha recordado que se han retirado ya 570 símbolos franquistas de los 715 reconocidos.

El vicepresidente primero ha explicado que el mapa de las fosas unifica toda la información aportada por las comunidades y las asociaciones en defensa de la memoria histórica, con los resultados de las investigaciones y hallazgos de restos conseguidos hasta la fecha.

Se trata, ha explicado, de un instrumento en "constante evolución", que "no es exhaustivo, ni mucho menos, ni está concluido", porque a medida que avancen las investigaciones se irán incorporando nuevos datos.

"Ningún ser humano debe permanecer enterrado en una cuneta" y "ninguno merece que al horror de su muerte se sume la indignidad de su tumba", además de que todos los ciudadanos deben mantener el derecho de poder "enterrar a sus muertos", ha subrayado Rubalcaba al referirse al mapa de las fosas y a los objetivos de la ley.

Una normativa que, ha insistido, "no va contra nadie sino a favor de muchas personas" y que pretende, como ha hecho muchos otros "logros" de la democracia, "amparar a las víctimas de la violencia".

Rubalcaba ha asegurado que esta ley no ha abierto heridas, sino que por el contrario ha cerrado algunas, y es un "síntoma de madurez y de buena salud democrática", que no ha pretendido hacer "ningún juicio histórico pero sí justicia" y sólo pretende compensar "los efectos de un silencio impuesto durante años", de un "olvido forzado".

Una reflexión que ha rechazado el diputado del PP Jorge Fernández Díaz, para quien la ley de memoria histórica, por el contrario, "no es una ley de todos" y "ha abierto profundas heridas en el seno de la sociedad" y en el propio Congreso.

Fernández Díaz ha recordado que no se aceptó ninguna de las enmiendas de los populares, que sí participaron en el acuerdo para varios artículos, y ha pedido a Rubalcaba que cumpla con el compromiso de buscar más consenso en el desarrollo reglamentario aún pendiente.

El vicepresidente se ha mostrado dispuesto, a petición del diputado del PNV Aitor Esteban, a intentar mejorar el acceso a los archivos y registros en los que los investigadores están encontrando problemas.

Por otro lado, Jordi Xuclá, de CiU, ha propuesto que la Fiscalía General del Estado vaya más allá de la declaración de ilegitimidad de sentencias franquistas y las considere nulas, una idea que Rubalcaba ha calificado de sugerente pero que debe consultar con el Ministerio de Justicia para ver si es factible.