La mayor suspensión de pagos de la historia española y la primera por el crash inmobiliario, cumple el martes un año. Doce meses después de que su primer accionista, Fernando Martín, decidiera que Martinsa Fadesa presentara concurso de acreedores (antes suspensión de pagos), acumula 13.800 perjudicados a los que ha dejado en la estacada, sumando los casi 6.000 acreedores, los 7.159 compradores que se han quedado sin su piso en España y los 645 trabajadores despedidos.

Los acreedores son exactamente 5.979 con nombres y apellidos en el informe de los supervisores judiciales de la empresa y llevan un año sin cobrar los 7.005 millones que les debe la tercera promotora española, a la espera de que se resuelva la suspensión de pagos. De media, a cada uno, le debe 1,17 millones de euros, un agujero que ha hundido a muchos de los centenares de proveedores que trabajaban para la compañía, según apuntan fuentes del sector. Y una gran parte son pymes de instalaciones eléctricas, de montaje, constructoras y un largo etcétera con pequeños empresarios y autónomos al frente que pensaban que trabajar para una gran inmobiliaria suponía una garantía de cobro.

Y lo que es peor: los proveedores que tengan la deuda con Martinsa desde antes de que esta suspendiera pagos tendrán muy difícil cobrar. De hecho, una gran parte de lo que debe Martinsa se quedará previsiblemente sin devolver porque, como explican gráficamente abogados expertos en concursos de acreedores, 'en la mayoría de ellos, cobran Hacienda, la Seguridad Social, y la banca; del resto, ni siquiera los llamados créditos ordinarios suelen recibir el dinero'. En el caso de Martinsa, estos créditos ordinarios suponen el 60% de la deuda total, según el informe concursal.

Para aquellos que compraron un piso de Martinsa, las cosas pintan mucho peor, ya que sólo se les reconoce como acreedores posibles, con lo que las probabilidades de que les devuelvan el dinero entregado a la promotora son mínimas. Al cierre del primer trimestre, Martinsa tenía contabilizados 7.159 contratos de compraventa. Durante este año, sólo ha entregado 213 pisos.

Los trabajadores de la empresa también han pagado los excesos cometidos por Fernando Martín, sobre todo la compra de la gigante Fadesa a Manuel Jove por 4.000 millones en 2006. Martín ha aplicado dos expedientes de regulación de empleo que han dejado en la calle al 55% de la plantilla.

El complicado concurso, que lleva el Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña, tiene que resolver aún la mitad de las 800 alegaciones presentadas. Es el último paso antes del informe definitivo y de que los acreedores voten la propuesta de pago de la empresa (admitida a trámite por el juez) para devolver la deuda en ocho años a partir de 2010. Para sacarlo adelante, Fernando Martín ya se ha asegurado el apoyo de La Caixa, Caja Madrid, Caixa Cataluña, Caixa Galicia, Bancaja y Popular, que agrupan el 54% de los créditos ordinarios, mayoría suficiente.

Martín, en privado, ya ha alardeado de que la empresa está salvada y tiene 'dos años de tranquilidad por delante', según fuentes del sector. Oficialmente, Martinsa cuenta con firmar 'dentro de 2009' el convenio para pagar lo que debe. Mientras, fuentes concursales ya apuntaron que la promotora podría salir del concurso a finales de 2009 o en la primera parte de 2010. Sin embargo, algunas fuentes financieras dudan de que, aunque supere el concurso, la empresa se salve realmente.

Un año después, el balance es negro: además de los 13.800 perjudicados, la inmobiliaria ha visto cómo se reducía el valor de sus suelos y pisos en 2.998 millones, hasta 7.733 millones; ha perdido en bolsa casi la mitad de su valor, hasta 896 millones y, como no cotiza desde que suspendió pagos, ha dejado atrapados a centenares de accionistas, además de abrir la puerta a una cadena de suspensiones de pagos, como la de Habitat.

Ya en diciembre de 2007, Martinsa se vio ahogada por una deuda de 5.200 millones generada, sobre todo, por la adquisición de Fadesa, y comenzaron unas 'intensas negociaciones con la banca que duraron cinco meses', recuerdan fuentes de la negociación. Las condiciones que 45 entidades pusieron a Martinsa a cambio de aplazar el pago de la deuda tres años eran muy exigentes, pero Martín confiaba en que el brazo financiero del Estado, el ICO, le prestara los 150 millones que necesitaba para que la empresa sobreviviera.

Los movimientos de Martín para lograr apoyo en el Gobierno provocaron reacciones diversas. El entonces director de la Oficina Económica de Moncloa, David Taguas, siguió muy de cerca la refinanciación de la deuda y apoyó salvar a Martinsa Fadesa hasta que saltó a la presidencia de la patronal de grandes constructoras, Seopan. Pero ni el ex vicepresidente económico, Pedro Solbes, ni el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, respaldaron al promotor. Según fuentes empresariales, 'Martinsa no tenía que haber caído por el efecto económico que generó'.