Más de un centenar de ex trabajadores de Nissan han bloqueado esta mañana el acceso a la factoría de la Zona Franca de Barcelona en protesta por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para cerca de 700 personas que la empresa aplicó en julio y que los afectados consideran "discriminatorio".

Convocados a través de internet y mensajes de móvil, algunos de los despedidos en este ERE se han concentrado a partir de las 05.15 horas de la mañana en la puerta principal de la fábrica para impedir el acceso de la plantilla al recinto en el primer día laboral tras las vacaciones de verano.

La protesta ha afectado tanto a los trabajadores que empezaban el turno a las 06.00 como a las 08.00 horas, que han tenido que acceder a la fábrica por otras puertas secundarias y, en algunos casos, custodiados por los Mossos d'Esquadra, según ha explicado a Efe el responsable de USOC en Nissan, Pedro Ayllón.

No obstante, muchos empleados han decidido sumarse a la protesta "en solidaridad" con sus antiguos compañeros, lo que ha hecho que el número de manifestantes haya ido creciendo a medida que avanzaba la mañana.

Hacia las 10.00 horas, los manifestantes han ido abandonando su protesta, por lo que se ha recuperado la plena normalidad en el entorno de la fábrica de Zona Franca.

Los afectados por el expediente denuncian que los despidos han sido "discriminatorios" y que se han llevado a cabo sin tener en cuenta las circunstancias personales y basándose en la afiliación sindical.

De hecho, la movilización de hoy, convocada al margen de los sindicatos CCOO y UGT, ha reunido principalmente a ex trabajadores afiliados a USOC y CGT, que aseguran ser los más afectados por el expediente.

El departamento de Trabajo de la Generalitat autorizó a finales de julio el ERE presentado por la automovilística Nissan para un total de 698 trabajadores de las plantas de Barcelona.

La aprobación del expediente derivó rápidamente en un cruce de acusaciones entre los sindicatos con representación en la empresa.

CGT acusó a las centrales mayoritarias en el comité de empresa -CCOO, UGT y USOC- de ser, en parte, responsables de los despidos, acusación que rechazaron estas fuerzas sindicales.

CCOO, incluso, anunció que estaba estudiando emprender acciones legales contra la central anarcosindicalista por haber difundido difamaciones e informaciones erróneas sobre el ERE.

USOC, por su parte, advirtió que presentaría un recurso de alzada contra la globalidad del expediente, al considerar que las cifras son "desproporcionadas" con relación a la capacidad productiva de la fábrica, y que impugnaría la selección hecha de los afectados, al estimar que buena parte de ellos son afiliados suyos.