Este artículo se publicó hace 12 años.
Más del 40% de los exempleados de Marsans sufre la lacra del paro
Extrabajadores se personarán para pedir que Díaz Ferrán sea declarado culpable de la caída del grupo.
La justicia social, definitivamente, no existe. Rabia, indignación, impotencia son sólo algunas de las fases por las que pasa un trabajador que no cobra, que no sólo se queda sin percibir su salario, sino que acaba en el paro por culpa de un empresario que gestiona mal su negocio. Es lo que sufren los que, incluso durante décadas, fueron trabajadores de la emblemática agencia de viajes Marsans, hundida por el expresidente de la CEOE y expropietario, Gerardo Díaz Ferrán, y su socio, Gonzalo Pascual. En sus tiempos de esplendor no hace tanto: cuatro años, el grupo tenía 4.000 empleados. De estos, más de cuatro de cada diez siguen sin encontrar empleo. Además de no percibir el dinero merecido, sufren la lacra del paro y, poco a poco, van agotando la prestación por desempleo.
Son las estimaciones del impacto de esa escandalosa caída empresarial, según calculan varios exempleados y representantes sindicales que estuvieron en la empresa hasta el fin de sus días, el pasado 31 de julio, cuando Viajes Marsans echó para siempre el cierre.
«Algunos han abierto un negocio, otros no logran nada»
"Nos hemos buscado la vida como hemos podido", resume Juan Mairal, expresidente del comité de empresa de Marsans. El proceso ha sido y es un verdadero calvario. Un año y medio después, a los extrabajadores aún les quedan muchos meses hasta que el concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) de Marsans, que se solicitó en junio de 2010, acabe en la liquidación de la compañía. Como suele suceder en este tipo de procesos, al final, los activos que tiene la empresa se venden pero no son suficientes para cubrir las deudas de la plantilla.
El día a día se hace duro. "Algunos han optado por el autoempleo, otros por empezar a trabajar en el negocio de un familiar", pero muchos no tienen nada a lo que agarrarse, como cuenta Alfredo Herranz, el responsable estatal de Servicios Turísticos de UGT, que asesoró en todo el proceso de los expedientes de regulación de empleo.
Mayores de 50, afectados«Díaz Ferrán no sólo nos dejó sin trabajo, nos ha destrozado la pensión»
"Los más afectados hemos sido los trabajadores de más de 50 años", afirma Mairal. Él se cuenta entre ellos pero decidió montar una agencia de viajes (una franquicia de Viajes Halcón) con otro compañero, una vía que han seguido otros. Tampoco es la panacea. "Estamos esperando la temporada alta", dice, poniendo al mal tiempo buena cara.
Si el juez ve indicios de culpabilidad de Díaz Ferrán en el hundimiento de Marsans, que exhibe un agujero de 470 millones, la Asociación de Afectados por el Grupo Marsans se personará en el proceso. Tiene 900 miembros, sobre todo exempleados, pero también clientes. Como explica el presidente de la asociación, Goyo Martín, extrabajador: "Nos personaremos, por un lado, para luchar por los pagos pendientes y, por otro, por justicia social, para que quede clara la podredumbre de empresarios que se presentaban como triunfadores", dice Martín. Y añade: "No sólo nos ha dejado sin trabajo, es que nos ha destrozado la pensión porque no vamos a cotizar los últimos 15 años de vida laboral".
Los ERE marcaron un antes y un después para la plantilla. Los hubo muy afortunados, casi 2.000 trabajadores, que lograron recolocarse en otras agencias de viajes que se quedaron con clientes a los que ya Marsans dejó de atender.
Pero los empleados que se quedaron y sufrieron el ERE se encontraron con una indemnización de 32 días por año trabajado, lejos de los 45 por despido improcedente. Aunque lo más sangrante es que no lo han cobrado totalmente. El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) les pagó 20 días en otoño pasado, pero los 12 días que tiene que pagar la empresa, más la liquidación correspondiente que aún les adeuda quedan pendientes de si, al final, hay dinero. En este caso, existe una posibilidad: "Si se declara culpable de la caída de la empresa a Díaz Ferrán, el juez podría obligarle a pagar las deudas de los trabajadores con su patrimonio personal", apunta, esperanzado, Goyo Martín.
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