Mas garantiza que ni CDC ni sus altos cargos han cobrado comisiones ilegales

El secretario general de CDC, Artur Mas, ha asegurado hoy que ni Convergència ni los altos cargos de su partido están implicados en el caso de presunto cobro de comisiones en la empresa pública Adigsa en la etapa de gobierno de CiU, pero ha admitido desconocer si se ha producido "a un nivel inferior".

"En este caso concreto de Adigsa estoy convencido de que no hay nada", ha sentenciado Mas en declaraciones a RNE recogidas por Efe, aunque ha señalado que "lo que no sé es si a nivel más inferior, entre un constructor y no sé quién puede haber no sé qué; esto no se lo puedo decir".

El presidente de CiU ha garantizado que hasta donde puede saber está "absolutamente convencido de que ni CDC ni altos cargos de CDC tienen nada que ver con este supuesto cobro de comisiones ilegales", y asimismo, ha asegurado que tampoco Unió Democrática, su socio en la federación, está implicada en el caso.

A su vez, Mas ha respaldado tanto al recién nombrado secretario general adjunto, Felip Puig, como a los responsables de Adigsa en la época de presunta corrupción: el entonces presidente de Adigsa y actual primer teniente de alcalde de Badalona (Barcelona), Ferran Falcó, y el que era consejero delegado de la empresa pública, Josep Antoni Fondevila.

Mas ha reiterado que "la gente que estaba dirigiendo en aquel momento esta empresa pública estoy convenido de que no tiene nada que esconder", y ha mostrado su confianza en que CDC no se ha beneficiado "en absoluto" de ningún cobro ilegal.

"Lo máximo que puede ocurrir es que sea un tema entre particulares, pero en ningún caso afecta al partido", ha apuntado el líder nacionalista.

El juez de instrucción mantiene en un auto la imputación contra ocho cargos públicos, constructores e intermediarios por el supuesto cobro de comisiones ilegales de hasta el 20% en obras en viviendas de protección oficial de Adigsa, empresa pública de la Generalitat, durante el gobierno de CiU.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el juzgado de instrucción número 3 de Barcelona aprecia suficientes indicios para acusar a los imputados -algunos de ellos altos cargos de Adigsa- de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad en documento oficial.