Con el kilovatio de electricidad disparado como consecuencia del elevado precio del petróleo y pocos visos de que el barril baje hasta los niveles de hace cuatro o cinco años, se está intensificando la presión sobre el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, desde dentro y fuera del Ejecutivo, para que reconsidere su rechazo a la energía nuclear.

Oficialmente, el discurso del presidente, que en 2005 se autoproclamó “el más antinuclear” de su gabinete, es el mismo. Pero con matices. Desde hace tiempo, Zapatero ya no habla, como entonces, de un “plan de cierre”. En su investidura, dijo que “las decisiones que adopte la UE” serán tenidas en cuenta para determinar la posición española.

La Comisión Europea, desde su presidente, José Manuel Barroso, hasta su Comisario de Energía, Andris Piebalgs, apoya esta fuente de generación. Pero Barroso ha dejado también claro que el asunto es “claramente” competencia de los estados. Reino Unido e Italia han reactivado sus programas nucleares. Alemania podría seguir el mismo camino a medio plazo.

En las dudas de Zapatero (que Moncloa no confirma) también puede haber influido la salida, decidida por él, de varios miembros del Gobierno claramente antinucleares, como los ex ministros de Trabajo y Medio Ambiente, Jesús Caldera y Cristina Narbona, respectivamente. A ello se suma la entrada de dos partidarios del átomo: la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia (que la semana pasada apoyó abrir el debate nuclear), y, sobre todo, el titular de Industria, Miguel Sebastián.

El ex jefe de la Oficina Económica de Moncloa, con gran influencia sobre Zapatero, aboga por continuar la apuesta por las energías renovables, pero también ha sugerido que la vida útil de las seis plantas en funcionamiento (actualmente fijada en 40 años) podría alargarse.

Aunque hasta ahora ha esquivado el asunto, la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, también apoya esta tesis.

Menos definida está la postura del vicepresidente económico, Pedro Solbes. Partidario, también, de seguir impulsando las renovables, una fuente en la que España tiene una ventaja competitiva, no vería sin embargo con malos ojos alargar la vida de las plantas.

Ahí está la clave, porque el programa electoral del PSOE habla de cerrarlas “cuando concluya su vida útil”. Es decir, que podrían funcionar mientras sean seguras. Lo que está en discusión no es construir nuevas centrales (por las dificultades de financiación y de emplazamiento) sino mantenerlas y, si acaso, potenciarlas.

En contra de esa corriente pro nuclear está el incidente de Ascó, el rechazo de la mayoría de la población a esta fuente (de en torno al 60%) y la posición expresada por Zapatero.

En el mismo sentido, también influyen personas con ascendente sobre el presidente, como el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Aunque no ha hecho pública su posición sobre la energía nuclear, Ordóñez, que presidió la antigua Comisión de Electricidad (donde impulsó la generación con gas y renovables), está en contra de esta fuente aunque por motivos económicos: cree que no son rentables por el elevado coste de la gestión de los residuos. Un argumento, por cierto, que comparte con Solbes.

Fuentes próximas al Gobierno aseguran que en el seno del Ejecutivo nunca ha habido un debate en profundidad sobre la cuestión nuclear. Lo más parecido ha sido la mesa de diálogo coordinada por el Ministerio de Industria con el sector y los agentes sociales en 2006, cuyos resultados quedaron bastante descafeinados.

En el sector energético y en medios políticos se considera que el gran test para saber cuál va a ser la postura del Gobierno será la central de Garoña, la más antigua y cuya autorización de 40 años caduca el año que viene. Si el permiso se prorroga, será un signo evidente de que, con consenso suficiente, el Gobierno va a abrir la mano en el tema de la energía nuclear.

Aunque el lobby nuclear (eléctricas y empresas de componentes) acaba de pedir que España se lance a construir cinco nuevas centrales atómicas de aquí a 2030, parece imposible que se acepte esa petición, que cuenta, según el Foro Nuclear, con el apoyo de los sindicatos porque serviría para reactivar la economía.

El escenario que se maneja en el Gobierno, siempre que, finalmente, se rectifique la decisión de cerrar las plantas, es mantener el parque actual y, en su caso, repotenciar las plantas más antiguas a modo de parches.

Así, no estaría en peligro el compromiso del Gobierno de “reducir progresivamente” el peso de la nuclear en el parque de generación, ya que se irían sumando al sistema más megavatios renovables y procedentes del gas natural, otra de las apuestas de futuro.

Mientras se aclaran esos planes, el Ministerio de Industria tiene sobre la mesa otra decisión más urgente: el emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos de alta radiactividad.

Menos emisiones de CO2

Los defensores de la energía nuclear (incluyendo al fundador de Greenpeace, Patrick Moore) destacan que sus bajas emisiones de CO2 permitirían cumplir con el Protocolo de Kioto, mientras la demanda eléctrica sigue al alza por el desarrollo económico.

Bajo coste operativo

Tener en marcha una central nuclear (el coste operativo) es mucho más barato que generar electricidad con aerogeneradores, placas solares, gas, petróleo o carbón. Pero ese cálculo no incluye la gestión de los residuos, ni las enormes inversiones que requieren los reactores.

Materia prima abundante y barata

El uranio es una materia prima relativamente abundante, que no está sujeta a tensiones geopolíticas, como el petróleo o el gas, lo que garantiza precios estables a medio y largo plazo.

Menos dependencia geopolítica

Los pro nucleares aseguran que esta fuente es fundamental para mantener la competitividad de la economía y que un plan de construcción en España animaría el empleo y la I+D . Como dicen los franceses, firmes defensores de esta fuente y con una potente industria atómica: “No tenemos carbón, no tenemos petróleo, no tenemos gas natural, no tenemos elección.”

Más seguridad de suministro

Dado su bajo coste operativo y el brutal encarecimiento del petróleo, la energía nuclear sería la única fuente capaz de garantizar una mezcla de fuentes (‘mix energético’) equilibrada, dado el insuficiente desarrollo de las renovables, que además son intermitentes (no siempre luce el sol ni sopla el viento).

Peligrosidad relativa

Los pro nucleares creen que el accidente de Chernobil (Ucrania) fue un caso único, que se debió a una combinación de factores que no se dan en la actualidad: diseño deficiente, reactores anticuados y nula seguridad. Un ejemplo muy citado es el accidente de Three Mile Island (1979), en Estados Unidos, que no liberó cantidades significativas de radioactividad a pesar de que la fusión nuclear fue comparable en magnitud a la de Chernobil.

Una incógnita en la gestión de residuos

La solución definitiva a la gestión de los residuos de alta actividad es aún una incógnita. En España, cada central los almacena en piscinas, pero su capacidad está a punto de superarse. Está pendiente la construcción de un Almacén Temporal Centralizado que, gestionado por Enresa, albergaría los residuos de todas las centrales españolas. Ningún país del mundo tiene una solución final. Por su parte, los residuos de baja y media actividad se almacenan en las instalaciones de Enresa en El Cabril (Córdoba), y proceden de centrales, hospitales y clínicas de rayos X, entre otros.

El 60% de la opinión pública en contra

La sociedad española se ha mostrado en diversas encuestas en contra de tener una central nuclear cerca de su casa, o de almacenar los residuos en su entorno. El miedo a lo nuclear ha impedido un debate abierto sobre el futuro energético.

Miedo a otro Chernobil

El temor a un accidente como el de Chernobil en 1986 sigue existiendo. En España, el Consejo de Seguridad Nuclear vigila la operación de las plantas, pero para los antinucleares el riesgo existe sólo por tener un reactor en actividad. El mayor suceso en España ocurrió en 1989 en la planta de Vandellós I (Tarragona), cuando se registró un incendio en la zona de turbinas, considerado “importante”, aunque no hubo emisión de radiactividad al exterior de la planta. La planta se cerró.

Enormes inversiones

El coste de una nueva central ronda los 3.000-4.000 millones de euros, una cifra considerable para que una empresa eléctrica realice una inversión a futuro. Para la gestión de los residuos de baja y media radiactividad, Enresa tiene un fondo que hasta abril del año pasado se pagaba mes a mes en la factura de la luz, y que desde entonces sufragan las eléctricas. Las aseguradoras también han estimado que las primas en caso de accidente nuclear son excesivas. Los ecologistas critican que el recibo de la luz no refleje todos los costes de la producción nuclear, incluida la gestión de residuos.