Es difícil precisar cuál fue el primer chispazo o en qué momento los sindicatos empezaron a darse cuenta de la necesidad de convocar una huelga general. Pero el 29 de enero de este año fue una fecha clave en el divorcio entre el Gobierno y los representantes de los trabajadores. Aquel último viernes de enero, el Consejo de Ministros, tras certificar que el déficit público de 2009 se había disparado hasta el 11,4% del PIB, aprobó un recorte presupuestario de 50.000 millones que trastocó todos los planes de inversión y anticipó el giro radical en la política económica.

Desde esa fecha, los sindicatos creen que el Gobierno no ha hecho más que acumular agresiones contra los derechos de los trabajadores. Primero fue el anuncio de la reforma de las pensiones, que ya provocó en febrero una primera movilización sindical, y después, en oleada, los de la reforma laboral, la consolidación del ajuste presupuestario, la congelación de la mayoría las pensiones y la reducción de los salarios de los funcionarios.

Esas son las decisiones que objetivamente han provocado la convocatoria de la huelga general de hoy. Pero uno de los factores que más ha soliviantado el ánimo de los sindicatos es el origen último de esas decisiones, que ellos localizan fuera de España, y la servidumbre que suponen respecto de lo que consideran son políticas de claro sesgo neoliberal. La cumbre de la Unión Europea del 9 y 10 de mayo, cuando Grecia estuvo al borde del colapso, y hasta se puso en riesgo la supervivencia del euro, marcó la ruptura definitiva de las organizaciones sindicales con el Gobierno. Las centrales creen que ni el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ni la vicepresidenta económica, estuvieron a la altura de las circunstancias, y cedieron a las presiones del eje conservador comandado por la canciller alemana, Angela Merkel. Entre algunos dirigentes sindicales se da crédito incluso al rumor, nunca confirmado, de que, en un momento de alta tensión durante las negociaciones, Merkel se dirigió a Zapatero en un pasillo y le dijo que o tomaba medidas duras o tendría que dimitir.

A raíz de la cumbre europea de mayo, y ante la evidencia de que el Gobierno había accedido a profundizar en la derechización de su política económica y se había plegado a los intereses de los mercados financieros, los sindicatos dieron por hecho que la huelga general era inevitable.

Apenas una semana después de la cumbre, y con los borradores del proyecto de ley de reforma circulando profusamente, los sindicatos ya amagaban abiertamente con una gran movilización. La fecha del 29 de septiembre se concretó el 15 de junio y un poco después se difundió el manifiesto del Así, no, el eslógan escogido para la ocasión, en el que se desgranaban los cinco motivos fundamentales de la huelga: la reforma laboral, los cambios en el modelo de pensiones, la política fiscal, el ajuste presupuestario y la modificación de la negociación colectiva. El manifiesto resume con contundencia los argumentos en favor del paro, y subraya 'los brutales ajustes económicos' puestos en marcha por el Gobierno.

El manifiesto se publicó el 24 de junio, tres meses y cinco días antes de la fecha de la convocatoria. Pero la lejanía de la jornada de huelga no enfrió el ímpetu movilizador de los sindicatos. Más bien al contrario. Por si los agravios fueran pocos, durante el verano se aprobó la reforma laboral en el Senado, el Gobierno ratificó su intención de aprobar el proyecto de las pensiones antes de fin de año, se sacó adelante la ley que favorece la privatización de las cajas de ahorros y el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (el azote de la izquierda económica), aplaudió a rabiar las reformas emprendidas. ¿Alguien da más?