"No tenemos nada contra El Corte Inglés ni contra el Ayuntamiento, pero queremos que se respete el patrimonio y que las cosas se hagan bien", explicaba ayer Laia Mantell. Ayer fue un día feliz para esta abogada, sus compañeros del Colectiu Ronda y la plataforma Salvem Can Fàbregas: le habían ganado una batalla al alcalde de Mataró.

El Juzgado de Instrucción número 3 de esta localidad barcelonesa ha aceptado a trámite la querella presentada por el fiscal y ha imputado al alcalde, Joan Antoni Baron (PSC), a su concejal de Urbanismo, Ramon Bassas, y a una asesora legal. Los tres están acusados de delitos contra la ordenación del territorio y contra el patrimonio histórico por haber desmontado y trasladado una fábrica ubicada en el centro de la ciudad para permitir la construcción de un centro comercial.

El alcalde aseguró ayer que actuó con "honestidad y legalidad", que se siente "apoyado por la ciudadanía" y que no se plantea la dimisión. Sin embargo, tanto el fiscal como el juez han apreciado incorrecciones en la actuación del Ayuntamiento. Fue el propio consistorio el que, en 2002 y 2004, catalogó esta finca con el nivel A, que equivale a la máxima protección posible. Cuando comprobaron que eso impedía la construcción del centro comercial, trataron de retirarle esta categoría, pero no encontraron apoyos políticos suficientes.

"Interpretaron la norma a su manera y decidieron que sólo impide las obras de rehabilitación y mejora, pero no que se pudiera desmontar y trasladar", explica Mantell.

El Ayuntamiento anunció ayer la paralización de las obras de Can Fàbregas, pero ya sólo queda por desmontar y trasladar un trozo de la base de la chimenea y los sótanos. Se da la circunstancia de que los elementos retirados se han colocado en una finca rústica, en un lugar en el que la fábrica sería ilegal.

Pero el desaguisado, según los abogados, podría ser aún mayor: parte del solar donde se realizan las obras del centro comercial, sostienen, pertenece a familiares del concejal de Urbanismo.