Si Jaume Matas no quiere ir inmediatamente a la cárcel, deberá pagar en un plazo de 72 horas hábiles una fianza de 3 millones de euros. Descontando los días festivos de semana santa y el fin de semana, el ex president del Govern balear tiene hasta el miércoles de la semana que viene para abonar esa cantidad, la mayor impuesta a un cargo público en la historia.

La fecha límite es, por tanto, hasta las 24.00 horas del próximo miércoles, 7 de abril.

Así lo ha dispuesto el juez encargado del caso Palma Arena, José Castro, quien ha decretado la prisión provisional eludible bajo fianza para el ex president del Govern balear y ex ministro de Medio Ambiente.

La Fiscalía anticorrupción y la acusación particular solicitaban idéntica caución por su elevado riesgo de fuga y la posible alteración de pruebas.

El juez Castro ha dictado también la retirada del pasaporte -que ya fue ordenada el pasado viernes como medida cautelarísima para evitar su sustracción de la justicia hasta que el juez se pronunciase-, la prohibición de abandonar el territorio nacional sin previa autorización judicial y la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado.

La fianza es la más elevada puesta nunca a un cargo público en España 

Matas podrá solicitar comparecer en otro juzgado fuera de Palma, como ya hizo el ex concejal del Ayuntamiento Javier Rodrigo de Santos, condenado por malversación de caudales públicos y abusos sexuales, quien solicitó comparecer ante una comisaría de policía de Madrid.

De este modo, se cierra el cerco sobre Matas, quien ayer presentó su baja voluntaria en el PP antes de que el partido lo expulsara.

El ex ministro de José María Aznar se enfrenta a delitos de malversación de caudales públicos -hasta en siete ocasiones-, falsedad documental, prevaricación administrativa, fraude a la administración, cohecho, blanqueo de capitales, un delito electoral y otro contra la Hacienda pública, castigados con hasta 68 años de prisión pese a que la pena máxima que cumpliría el ex presidente sería de 24, a tenor de las graduaciones de condena establecidas en el Código Penal.

Mientras tanto, Castro decretó también la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la comparecencia cada quince días para el cuñado de Matas y ex tesorero del PP balear, Fernando Areal, también imputado dentro del caso Palma Arena, que investiga el presunto desvío de más de cincuenta millones de euros durante la construcción del velódromo palmesano (2005-2007) y su posible conexión con el supuesto enriquecimiento ilícito del ex presidente.