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medicina defensiva

Vanessa Pi/ Patricia Rafael

Han pasado tres años y la historia se repite. Las clínicas abortistas han denunciado en más de una ocasión que la "persecución" que sufren
-a raíz de las denuncias de supuestos abortos fuera de plazo por parte de grupos pro vida- forma parte de una estrategia como la que hace tres años provocó ceses en cadena en el Hospital Severo Ochoa. En ambos casos las víctimas son los pacientes y los facultativos.

La Justicia limpió ayer el nombre del Severo Ochoa, el del destituido responsable de Urgencias, Luis Montes, y el del resto de profesionales que trabajaban en el centro. Pero cuando una denuncia anónima ha protagonizado portadas de periódicos genera comportamientos difíciles de borrar.

¿En qué medida la denuncia, investigación, politización y posterior juicio en el conocido como caso Leganés ha perjudicado a los médicos y a los pacientes? "Todos hemos tenido mucho cuidado con que se respetara la calidad asistencial, pero se han tomado muchas precauciones a la hora de sedar al paciente terminal, y cada vez más se opta por una medicina defensiva". Lo asegura Carmen Ortiz, presidenta de la Federación en Defensa de la Sanidad Pública y radióloga del Severo Ochoa.

El presidente del Foro Español de Pacientes, Albert Jovell, corrobora que cada vez se practica más la medicina defensiva -en la que los profesionales realizan más pruebas de las recomendadas en los protocolos médicos-. También lo indican numerosos estudios que señalan que este tipo de medicina está en auge por el creciente número de denuncias contra los sanitarios. Este caso no es una excepción.

Sin embargo, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) asegura que no afectó "en nada, porque los protocolos de actuación son claros".Una denuncia anónima"Casos como el del Severo Ochoa se suelen solventar con un acuerdo entre el profesional y el paciente. Pero en aquella ocasión hubo una organización que se aprovechó", explica Albert Jovell.

Por otra parte, la presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente, Carmen Flores, explica que su entidad recibió una denuncia "anónima, un escrito muy denso, con un léxico médico, con fotocopias de casos clínicos". La asociación de Flores remitió el caso a la Fiscalía para que lo investigara, como hace con todas las quejas que recibe: "Denunciamos la aplicación de supuestas sedaciones sin informar a los familiares. Nunca hablamos de asesinatos, que es lo que acabó juzgándose". Al ver que "todo derivó en política" se sintieron víctimas, añade. "Y entonces nos quedamos al margen".

La denuncia anónima también llegó a otra asociación de pacientes, AVINESA, que la remitió al entonces consejero de Sanidad, Manuel Lamela (PP). Éste no titubeó al llevar hasta sus últimas consecuencias la denuncia anónima: se habló de 400 "homicidios" por sedaciones irregulares a pacientes en estado terminal. Y acto seguido destituyó al responsable del servicio de Urgencias del centro, Luis Montes, a cinco jefes de servicio y a dos supervisores.En el centro hoy ya no queda casi ningún sanitario de los que entonces trabajaban en Urgencias.

La vicepresidenta de la Sociedad de Cuidados Paliativos, Maite Olaizola, explica que el caso sirvió para reflexionar sobre "la situación en la que estaban las unidades y la forma en la que se atendía a los pacientes".

En la Consejería de Sanidad aseguran que ya existen unidades de cuidados paliativos en las 11 áreas sanitarias de la región. El PSOE lo niega y señala que no hay una cama más de las que había hace tres años. Olaizola cree que en los últimos cinco años se ha avanzado mucho. Lamela actuó sin esperar a oír el veredicto del juez, quien el pasado junio eximió de responsabilidad penal a los imputados, aunque reconoció mala práctica médica. Los médicos recurrieron este matiz y la Justicia les dio ayer la razón.






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