La Organización Médica Colegial (OMC) acusa a los laboratorios farmacéuticos que comercializan los medicamentos de última generación para la hepatitis C de fijar unos precios "abusivos, codiciosos e injustos" y avisa de que puede provocar un "colapso financiero" que acabe con el Sistema Nacional de Salud (SNS).

"Es pura codicia, a menos que lo que se busque sea hacer caer los sistemas sanitarios", según ha defendido el presidente de esta entidad, Juan José Rodríguez Sendín, durante la presentación de un documento elaborado por esta institución para denunciar la situación que se está produciendo con la aparición de estos nuevos fármacos. "Tú tienes una necesidad y yo abuso de ella", ha criticado.

Rodríguez Sendín ha tachado de "disparate" que los precios varíen entre unos países y otros, pasando de los más de 60.000 euros que cuesta el tratamiento en Estados Unidos, a los 700 euros en La India o Egipto, y pide a las autoridades sanitarias nacionales e internacionales poner fin a esta situación. 

De hecho, el pasado 13 de enero se conoció que la Oficina de Patentes India ha rechazado la petición de la farmacéutica Gileard para patentar el medicamento sofosbuvir, usado para el tratamiento de la hepatitis C, en ese país.

El fármaco oral, que tiene un precio fijado en Estados Unidos de 84.000 dólares (más de 71.000 euros) para un tratamiento completo, ha provocado un debate mundial sobre la fijación de precios de medicamentos con patente. Un estudio de la Universidad de Liverpool mostró que el sofosbuvir puede ser producido por fabricantes indios por 101 dólares (85 euros) para un tratamiento de tres meses. Es por esta razón que India ha denegado la petición de Gileard.

Rodríguez Sendín ha criticado duramente a la Unión Europea por su "sorprendente incapacidad" a la hora de "negociar un precio justo" para estos fármacos, y celebra que España haya sido uno de los países en conseguir un precio más bajo. Si bien ha matizado que el secretismo de la negociación impide conocer por cuánto se está comprando.

Además, asegura que los retrasos en el acceso a estos fármacos después de que se haya demostrado su seguridad y eficacia puede "derivar en responsabilidad patrimonial, cuando no penal, si se demuestra inacción de las administraciones públicas".

A juicio de Sendín, el Gobierno y los responsables políticos deberían meditar sobre qué alternativas se deberían establecer para que la situación que se está dando no siga ocurriendo. "No es un hecho aislado", sino que se va a abrir una senda como no se corrija, ha insistido.

El Estado, según el presidente de los médicos, debe transmitir a la industria farmacéutica que debe primar los criterios de salud pública por encima de todo. Sendín ha incidido en la necesidad de cambiar la relación de la industria farmacéutica con el Sistema Nacional de Salud, ya que el actual modelo está "absolutamente caduco", aunque no ha querido pronunciarse sobre las patentes.

Un informe de la ONG Oxfam Intermon hecho público hoy, muestra cómo el sector sanitario y la industria farmacéutica han sido los que más se ha enriquecido en los últimos años debido a que se han gastado en actividades de lobby unos 500 millones de dólares. En consecuencia, la fortuna de los multimillonarios con intereses en estos campos se ha incrementado hasta un 47% en el último año, asegura la organización.