La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció hoy que la provincia sudanesa de Darfur se ha quedado sin asistencia humanitaria por la expulsión de trece ONG que trabajaban allí y advirtió de que la población padecerá las consecuencias de esta medida antes de un mes.

En conferencia de prensa, el presidente de MSF Internacional, Christophe Fournier, explicó que "no hay una estructura capaz para sustituir la labor de las ONG expulsadas de Darfur, por lo que la ayuda humanitaria está interrumpida".

"Esta expulsión afecta al 50 por ciento de nuestra capacidad operativa en Sudán", tanto en el ámbito de la asistencia médica como en la distribución de alimentos, explicó.

"Si no se encuentra una solución en tres o cuatro semanas empezaremos a ver las consecuencias entre los grupos más débiles de la población", lamentó, por su parte, el director de operaciones de la sección suiza de MSF, Bruno Jochum.

El Gobierno de Jartum exigió a MSF la retirada del país de sus empleados de los programas francés y holandés, luego de que la Corte Penal Internacional (CPI) dictara una orden de arresto contra el presidente sudanés, Omar Hasan al Bachir, por su responsabilidad en el conflicto de Darfur.

Fournier sostuvo que las autoridades de Sudán justificaron la expulsión señalando que no podían garantizar la seguridad del personal de MSF.

Sin embargo, dijo desconocer la razón por la que la medida sólo afecta a las sección de MSF de Francia y Holanda, pero no a las de España, Bélgica o Suiza, que permanecen en el país.

Actualmente, 900 trabajadores de MSF Internacional y de distintas secciones nacionales permanecen en Sudán y un tercio de ellos es personal médico.

El presidente de MSF garantizó la "total independencia" de su organización respecto a la CPI y negó que hubiese cooperado o proporcionado algún tipo de información a ese tribunal, rechazando así las acusaciones del régimen de Al Bachir.

Por su parte, Jochum recordó que su organización tenía desde hace algún tiempo cada vez más obstáculos para cumplir con su misión, como problemas para obtener visados, el material médico o para moverse en el país.

Además, desde que se anunció la decisión de la CPI contra Al Bachir, la organización ha sufrido la confiscación de vehículos, material médico, ordenadores y de sistemas de comunicación.

En el ámbito de salud, los programas que han resultado afectados permitieron que 200.000 personas recibieran atención médica el año pasado, que 8.000 fueran hospitalizadas y que 20.000 mujeres dieran a luz en condiciones aceptables.