La Fiscalía de Madrid interrogará próximamente a los médicos y a las enfermeras, muchas de ellas monjas, a quienes las familias afectadas por el denominado caso de los 'niños robados' han vinculado en sus declaraciones ante los fiscales que desde hace meses lo investigan.

Así lo ha señalado el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban, antes de reunirse con el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Manuel Moix, y otros nueve fiscales del tribunal madrileño encargados de tomar declaración a las familias que han denunciado el robo de bebés nacidos entre la década de los cuarenta y los noventa.

Las citaciones de supuestos implicados en la sustracción de recién nacidos con la excusa de que habían fallecido tienen como objetivo 'agotar todas las vías de investigación' en cada caso denunciado.

Sin embargo, Eduardo Esteban ha destacado las dificultades que entraña investigar sucesos ocurridos hace tantos años. Esteban ha explicado también que 'un gran número' de los casos investigados por el Ministerio Público serán archivados por falta de documentos y porque no hay verdadera 'constancia de lo que pasó', ya que sólo existen certificados de defunción de bebés que luego, supuestamente, pasaron a ser enterrados en osarios comunes.

Los delitos que pueden ser imputados a los implicados son la falsedad documental -inscripciones falsas-, la sustracción de un menor y la detención ilegal, según el fiscal jefe de la Audiencia madrileña, quien ha subrayado que éste último delito sólo subsiste cuando a una persona se la impide moverse libremente, y aquí no ocurre.

Además, si se acusa a una persona de detención ilegal por quedarse con un bebé que no es suyo, serían los padres no biológicos los imputados por ese delito, algo que no quieren las propias víctimas, ha dicho Esteban.

Por último, el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid ha reiterado la intención de que las acciones judiciales que se emprendan lo sean de forma 'unitaria' y 'común' en todas las Comunidades Autónomas, tal y como ha aconsejado en varias ocasiones el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.