Los regantes catalanes se han enrocado en la unidad de la cuenca hidrográfica y han cedido protagonismo a la Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Ebro, de la cual forman parte y que abarca todas las comunidades autónomas por donde
transcurre el río. 

Esta entidad, presidida por César Trillo, y los gobiernos español y catalán empezaron el día 25 de abril en Zaragoza unas negociaciones que se prevén complicadas porque de ellas depende mucha semántica política. Ambos ejecutivos tienen como objetivo adquirir derechos de riego de cualquiera de sus titulares repartidos a lo largo de toda la cuenca (una de las salvaguardas del real decreto para ampliar su margen de maniobra) hasta sumar 40 hectómetros cúbicos, la misma cantidad de agua del Ebro que se derivará de diciembre a mayo desde Tarragona hasta Abrera (Barcelona) a través de la tubería que costará 180 millones de euros.

Sólo así, garantizando que por el río acabará circulando la misma agua que se le quita, se podrá llegar a calificar la operación de 'conducción' y no de trasvase, tal y como se desprende del informe de la abogacía del Estado encargado por el Ministerio de Medio Ambiente Medio
Rural y Marino.

La memoria económica del real decreto dictamina que la compra de los derechos de los regantes y la de los sobrantes del agua del Consorci d'Aigües de Tarragona irá a cargo de la Generalitat, mientras que el Gobierno español financiará las obras de la tubería (si bien lo hará a cargo de la disposición adicional tercera del
Estatut catalán).

El hecho de que el negociador sea el Gobierno catalán es relevante. Políticamente, por supuesto, pero también para entender algunos de los pasos dados en las últimas semanas por el conseller de Medio Ambiente, Francesc Baltasar. El ecosocialista tanteó en un inicio a los regantes del Urgell (que beben del Segre, afluente del Ebro) con la esperanza de que la declaración de 'emergencia nacional' rompiera la unidad de cuenca y facilitara un acuerdo con los titulares de concesiones catalanas.

En el Urgell, dudaron, pero finalmente (y alentados por los regantes del Delta del Ebro, que viven inmersos en un clima social de rebelión territorial) optaron por remitirse a la federación como único interlocutor. ¿Por qué? Trillo ha afirmado esta semana que no negociarán con las instituciones catalanas la venta de cesión de derechos hídricos ni 'mercadearán' con el agua a cambio de recursos económicos.

Las declaraciones en este sentido han sido recurrentes en las últimas semanas, en que a la negativa de los regantes catalanes a vender derechos de agua ha seguido el inicio de unas negociaciones en que tanto la Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Ebro como la Confederación Hidrográfica del Ebro han reiterado que se
niegan a vender agua.

Una posición que parece firme, pero que, leída con atención a los matices, permite entender su estrategia negociadora, basada en obtener de la administración central (la garante de la solución) mejoras en las infraestructuras de regadío para todas las comunidades de regantes de la cuenca y no tan sólo para las que acaben accediendo formalmente a la venta de sus derechos. Una opción en la que los regantes del Delta del Ebro tendrían mucho a ganar, ya que en estos momentos la Generalitat tiene bloqueado (por medio de un informe negativo de impacto medioambiental) un proyecto del Gobierno central que destina 23 millones de euros a mejorar los canales de la derecha.

Asimismo, los regantes de la izquierda aún cuentan con cerca del 65% de acequias sin recubrir, a pesar de que ésta era la compensación por la cual accedieron a vender parte de su concesión a Tarragona en 1989 a través del Consorci d'Aigües de Tarragona. Sin embargo, el presidente de este organismo, Daniel Pi, afirmó la pasada semana en Tortosa que, desde esa fecha hasta este mismo año, su organismo ha cumplido 'escrupulosamente' con los compromisos económicos adquiridos con las dos comunidades de regantes (150 millones de euros), declinando dar su opinión sobre cómo habían sido gastados
finalmente.