La memoria está guardada en los libros parroquiales

El Valle de los Caídos es uno de los centros religiosos que visitarán los miembros de la Policía Judicial, que deberán investigar los documentos donde haya quedado certificado el nombre y apellidos de aquellos que fueron fusilados por pensar de forma diferente.

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, preguntó ayer la procedencia y el motivo por el que hay cerca de 30.000 enterrados en la basílica del antiguo valle de Cuelgamuros, en San Lorenzo de El Escorial. Si Franco levantase la cabeza le diría la respuesta a la pregunta que el magistrado lanzó ayer a la abadía benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos: “Fue construido para perpetuar la memoria de los caídos de nuestra gloriosa Cruzada”. Así lo dejó escrito el dictador en el decreto fundacional del monumento firmado el 1 de abril de 1940.

Fosas sin frente de guerra
“Muchos curas elaboraron documentos para registrar los nombres de los fallecidos”, aseguró José María Rojas, investigador de la represión franquista en la comarca de la Ribera de Duero. Las numerosas fosas abiertas en Castilla y León, donde apenas hubo frente de guerra, demuestran la necesidad de diferenciar entre los muertos de la Guerra Civil y los represaliados.

Garzón exige a la Conferencia Episcopal Española que comunique “a todas y cada una de las parroquias de España que deberán permitir el acceso de la Policía Judicial” a los libros de difuntos. En España existen 22.827 parroquias donde podrían estar registrados, gracias a la burocracia seguida por los párrocos de los años 40, los nombres de las personas que fueron secuestradas y fusiladas sin informar a sus familias.

La búsqueda de documentos también llevará a la Policía Judicial al Centro Nacional de la Memoria Histórica (archivo de Salamanca) –dependiente del Ministerio de Cultura– en busca de los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo.

Al Ministerio de Defensa le solicita que amplíe la documentación que le solicitó el pasado junio en la que el juez pedía información sobre el organismo que puede determinar el número de personas que desaparecieron en España a partir del 17 de julio de 1936. Un día antes del inicio de la gloriosa cruzada.