La Mesa del Parlamento Vasco calificará hoy el proyecto de ley en el que el lehendakari quiere basarse para convocar una consulta popular el 25 de octubre próximo.

Con la calificación por parte de la Mesa se iniciará el trámite parlamentario del proyecto aprobado por el Gobierno Vasco el pasado miércoles y que registró en la Cámara al día siguiente.

Previsiblemente, la Mesa, con los votos del PNV, EA y EB, y la oposición del PSE-EE y el PP, aceptará la tramitación por vía de urgencia y de lectura única del proyecto.

Socialistas y "populares" han anunciado que votarán en contra de esta tramitación, al considerar que no se ajusta a lo establecido en el Reglamento del Parlamento.

El procedimiento de lectura única, que impide la presentación de enmiendas, es una vía más rápida para tramitar un proyecto de ley que la ordinaria, de la que puede hacer uso el Gobierno para casos "de carácter extraordinario y razones de urgente necesidad", según recoge el artículo 119 del Reglamento de la Cámara.

El representante del PP en la Mesa, Carmelo Barrio, ha adelantado hoy a Efe que en la reunión de hoy, con carácter previo, va a mostrar su oposición a la admisión a trámite del proyecto, al considerar que es inconstitucional por afectar a cuestiones sobre las que la Comunidad autónoma no tiene competencias.

Barrio ha explicado que su partido está estudiando la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional la previsible decisión de la Mesa de hoy, al considerar que podría vulnerar los derechos de los parlamentarios recurrir al procedimiento de lectura única imposibilitando la presentación de enmiendas.

El proyecto de ley registrado en el Parlamento está acompañado de una memoria y sendos informes jurídico y económico elaborados por el Gobierno Vasco, a los que ha tenido acceso Efe.

En la memoria económica se contempla que el gasto total de la consulta sería de 5.133.237 euros, de los cuales 2,4 millones se destinarían a gastos de personal y de funcionamiento de la administración general, otra cantidad similar a subvenciones electorales y otros 300.000 euros a la fabricación y distribución de toda la documentación electoral.

La memoria del proyecto reitera los argumentos recogidos en éste de que la consulta no necesita de la autorización del Estado, ya que, se dice, este caso no se cita en la ley orgánica de 1980 sobre la convocatoria de referendos.

En el texto que acompaña el anteproyecto se añade que "una eventual falta de previsión expresa y directa en nuestro ordenamiento jurídico en relación con la facultad de convocar y celebrar consultas populares nunca podría ser entendida como una prohibición".