La extensión de las prerrogativas de las autoridades militares egipcias aumenta los poderes que tenían bajo el régimen de Hosni Mubarak y permite que continúen las violaciones de derechos humanos, denunció hoy el grupo Human Rights Watch (HRW).

"La implacable expansión de la autoridad de los generales para detener y juzgar a civiles va ahora más allá de sus poderes con Mubarak", lamentó el subdirector de HRW en Oriente Medio, Joe Stork, en un comunicado.

En los últimos días, la Junta Militar que gobierna Egipto en la actualidad ha adoptado una serie de medidas para reservarse competencias, ante el próximo anuncio de los resultados oficiales de las elecciones presidenciales.

HRW recuerda el decreto del Ministerio de Justicia que permite a los militares detener a civiles y el anexo a la Constitución interina, aprobado por la Junta Militar el pasado día 17, que aumenta sus prerrogativas para aplicar la ley civil, lo que según el grupo supone la continuación de los juicios castrenses a civiles.

La ONG destaca también el decreto emitido hace tres días para reformar el Consejo Nacional de Defensa y conceder a los militares más poderes sobre asuntos de seguridad nacionales.

Para Stork, "estos decretos son la última señal de que todavía no habrá una entrega de poder significativa a una autoridad civil el 30 de junio", fecha fijada por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) para el traspaso de poder.

HRW advierte, además, de que con estas medidas la impunidad con la que han contado hasta ahora los militares puede aumentar al disponer de una mayor autoridad para aplicar la ley.

El grupo de derechos humanos citó abusos cometidos en el último año por parte del Ejército como "las torturas a manifestantes detenidos y el uso excesivo de fuerza letal para dispersar las protestas", que a su juicio han quedado impunes porque los fiscales civiles no tienen jurisdicción para investigar las denuncias contra el personal militar.

En el caso del decreto del Ministerio de Justicia, apunta HRW, se permite a los oficiales de la policía y la inteligencia castrense detener a civiles por delitos como "difundir información falsa con el objetivo de afectar la seguridad nacional, operar una asociación no registrada e insultar a un oficial gubernamental, al Ejército o al Parlamento".

Stork consideró ese decreto como un intento de incorporar a la ley ordinaria poderes excepcionales como los de la Ley de Emergencia, que el pasado 31 de mayo expiró tras 31 años en vigor.

El estado de emergencia dio cabida durante décadas a la suspensión de las libertades de prensa y asociación, la ampliación de los poderes de los órganos de seguridad y la anulación de los derechos civiles y políticos con la excusa de la lucha antiterrorista.