Dos millones de pensionistas españoles tuvieron una buena y una mala noticia el 1 de enero de este año. La buena es que la pensión mínima contributiva que cobraban subió y su ingreso mensual se sitúa desde entonces en 546,55 euros. La mala es que, por culpa de dicha subida, han dejado de tener derecho a beneficiarse de lo que se conoce como abono social telefónico, que les permitía un descuento del 95% en la cuota mensual del teléfono fijo. El resultado final es que la subida de la pensión para quien se acogía a dicho derecho se anula en buena medida.

Los 19 euros por los que superan ahora el umbral fijado para ser beneficiario del abono social les cuestan cada mes a quien tuviese una línea fija contratada 13,3 euros más en la factura del teléfono. Telefónica pasa a ingresar lo que hasta ahora debía asumir como parte de sus obligaciones de servicio universal.

Debido a esta situación, el Grupo Socialista ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que pide que se modifique “el indicador de referencia para el abono social, de tal manera que se eleve el límite máximo de la renta familiar que permite a los pensionistas y jubilados ser beneficiarios de las reducciones en las cuotas de alta y de abono mensual en el servicio telefónico fijo”.

El indicador de referencia que se utiliza actualmente para determinar quién se beneficia del abono social es el IPREM (indicador público de rentas de efectos múltiples). Cuando la Comisión Delegada del Gobierno acordó en 2007 la bonificación del 95% de la cuota de abono periódica, el IPREM estaba en 6.988,80 euros anuales; este año está fijado en 7.381,33 euros anuales, lo que supone 527,24 euros al mes (se divide entre 14 mensualidades).

Las subidas de las pensiones se han ido acumulando hasta superar ese límite. “De mantenerse el IPREM como indicador para determinar el máximo de la renta familiar”, explica el texto de la proposición socialista, “casi únicamente podrán beneficiarse de la tarifa social telefónica aquellos que perciban pensiones asistenciales o del SOVI (antiguo seguro obligatorio de vejez e invalidez)”. Esta situación “debilitaría los objetivos que se pretendieron cuando se estableció la tarifa social que debe ofrecer Telefónica como obligación de servicio público”.

La obligación de prestar el servicio universal, que incluye otras muchas partidas al margen del abono social, ya no la asume Telefónica en solitario. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) decidió el año pasado por primera vez obligar a Vodafone y a Orange a sufragar una parte del coste del servicio universal de 2003 a 2005: 51 millones de un total de 182 millones.

Cuota mensual
La tarifa mensual del teléfono está fijada en 13,97 euros por la CMT. 95%rebaja del abono socialLos pensionistas con derecho al abono social se acogen a una rebaja del 95% en el precio.

Pensión mínima
La última subida ha situado las pensiones mínimas en esa cuantía.

Indicador del abono
La actualización del IPREM lo dejó por debajo de la pensión mínima.