Si no fuera por sus costes, la crisis económica que arrancó en agosto de 2007 sería una entrega fascinante por capítulos. Cuando los gobiernos creen que tienen cogido el toro por los cuernos, va este y vuelve a hacer de las suyas. España va camino de aprobar sus Presupuestos, con los que, parece, ya puede avizorarse la luz al final del túnel. ¿Por qué? Porque los mercados nos están dejando en paz. Y, sin embargo, los mercados, como el topo, siguen horadando la tierra.

Su última víctima, y quizá cuando esto se publique ya habrá una nueva, ha sido la Generalitat. No somos Grecia, pero el Gobierno catalán deberá pagar por una emisión de bonos entre comisión (3%) y tipo (4,75%) un ¡7,75%! Así, si una de las entidades que han asegurado la colocación se queda el bono en su balance, en lugar de vendérselo a sus clientes, obtendrá un 7,75%. Y no ha sido porque la agencia Moody's haya rebajado previamente el rating de Catalunya. La degradación, cómo no, llegó ayer, días después de anunciarse la operación. Y, como fichas de dominó, los costes que paga Catalunya serán una referencia para los bonos que emitan otras autonomías.

Como dijo ayer la ministra Elena Salgado, quizá lo peor de la crisis de la deuda soberana haya pasado, como antes quedó atrás lo peor de la catástrofe posterior a la caída de Lehman. Pero quizá lo importante no es "lo peor" sino simplemente lo que queda por delante. Por eso, la propia ministra ha tenido que asegurar a los mercados desde la tribuna de las Cortes que el Gobierno está dispuesto a adoptar medidas adicionales si el objetivo de reducir el déficit al 6% del PIB sufre desviaciones. En otros términos, si el objetivo de crecimiento del 1,3% en 2011 no se cumple y si, con ello, las previsiones de aumento de ingresos y recorte de gastos se revelan insuficientes.

Ayer, durante el debate de presupuestos, el PSOE parecía, por momentos, el partido conservador y el PP, el socialdemócrata. Así, en ciertos círculos de poder fuera de España se extiende la duda sobre si una victoria de Mariano Rajoy en las próximas elecciones supondrá el abandono del programa de austeridad de Zapatero. Pero esta lectura ignora la historia reciente. En 1996, cuando el PP llegó al Gobierno, la recuperación respecto de la recesión de 1991-92 (con una tasa de paro del 24% en 1994) estaba en marcha y Pedro Solbes ya había dado pasos importantes hacia la estabilidad presupuestaria. El Gobierno de Aznar supuso una continuidad o profundización de las políticas económicas de Felipe González. Y Rajoy, si gana las elecciones, profundizará el ajuste que hoy rechaza.

Por supuesto, el PP prefiere la historia del rey Midas y la prosperidad de la península de Anatolia, mito refrescado el pasado lunes por Emilio Botín, presidente del Santander, al calificar a Rodrigo Rato como "el mejor ministro de Economía de la democracia". Nadie es perfecto. Botín ya caracterizó en junio de 2008 la crisis como un "ajuste fuerte que pasará pronto igual que ocurre cuando un niño tiene fiebre que llega de golpe y es alta pero desaparece pronto". Porque lo cierto es que durante el segundo mandato de Rato, España comenzó a incubar, en medio de la negación generalizada, la burbuja que, superinflada en los años siguientes, estallaría a finales de 2007.