La moratoria de desahucios es "una solución de compromiso para salvar la alarma social"

El magistrado Luis Sánchez Gall, titular del Juzgado de Instrucción Nº7 de Santander, considera que la moratoria de desahucios es "una solución de compromiso aprobada por el Gobierno para salvar la situación de alarma" social, pero no "da una solución real y verdadera" al problema. Asimismo, se ha mostrado "en completo desacuerdo" con las nuevas tasas judiciales, que cree "un abuso". De hecho, advierte de un aspecto "muy peligroso", como es que durante los dos años de suspensión de un desahucio, los intereses hipotecarios se siguen devengando, y además al 29%, por lo que la deuda "sigue creciendo" y el banco "no pierde nada", sino que "sigue ganando mucho dinero".

En una entrevista concedida a Europa Press, el magistrado ha afirmado que además de ser "sólo" para dos años, la moratoria de desahucios establece supuestos "muy restrictivos", con criterios "automáticos y estancos" que hacen que la facultad que se deja a los jueces para valorar las circunstancias personales de cada afectado sea "muy limitada". Por otro lado, Sánchez Gall señaló que el decreto ley del Gobierno "no da el procedimiento" para reclamar la suspensión de un desahucio en el juzgado. En este sentido, destacó que en un procedimiento de desahucio, "el afectado no tiene dinero para pagar un abogado y un procurador, y no tiene posibilidad de venir al juzgado a pedir" la suspensión.

Ante esta situación, lo que este magistrado está haciendo es dirigirse a los afectados por desahucios con procedimiento abierto en su juzgado para que si reúnen los requisitos de la moratoria, lo acrediten y en su caso pidan abogado y procurador de oficio. "Por ahora" el juez no ha tenido la "oportunidad" de autorizar una suspensión. Sánchez Gall, que ha participado en una charla-coloquio sobre los desahucios organizada por EAPN Cantabria, advierte también de que existe mucha "más morosidad" de la que los bancos están ejecutando y subraya que el procedimiento de ejecución hipotecaria es "el más salvaje y duro" de la legislación española, hasta el punto de que existen "menos causas de oposición" que incluso para ejecutar una sentencia condenatoria.

"La desigualdad es tremenda", lamentó el juez, quien destacó la necesidad de "dar más opciones al deudor" para formular oposiciones, alegar la dación en pago, etc. Al tiempo, consideró una "barbaridad" que sólo con dejar de pagar una cuota, el banco ya tiene derecho a reclamar al deudor una cantidad que es "el doble de la realmente debida", y destacó que mientras no cambie la legislación, "los jueces estamos atados de pies y manos". Sánchez Gall afirmó que los desahucios "han existido siempre" y seguirán produciéndose, porque con la crisis, los impagos de hipotecas se han"multiplicado por mil".

No obstante, puntualizó que los impagos son "un 500% más" de los desahucios que se ejecutan. El magistrado señaló que las entidades bancarias"se están conteniendo a la hora de ejecutar procedimientos hipotecarios", no sólo por la "alarma social" que han generado los desahucios, sino también porque supondría sacar al mercado muchas viviendas, con lo que "bajaría el precio de su principal activo", el inmobiliario.  

"Se le cobra lo mismo al Banco Santander que a una persona con un sueldo medio", afirmó el juez, quien calificó de "tendencioso y cogido por los pelos" el argumento del Gobierno de que las tasas servirán para financiar la justicia gratuita. "Si fuera así bien, pero dudo mucho que realmente se aplique para lo que se dice", aseveró.   En cuanto a las tasas judiciales, el magistrado subrayó que la Justicia es un servicio público en el que no se pueden imponer unos precios "tan elevados, y sobre todo sin distinguir capacidad económica de quien las paga".