'Aporta pocas novedades'. 'La confidencialidad de las mujeres que se someten a un aborto estaba ya protegida'. Y 'la única vía para proteger los derechos de las pacientes es la aprobación de una ley de plazos'. Estas fueron ayer las frases más repetidas por asociaciones de mujeres tras conocer el borrador del decreto que pretende blindar la intimidad de las mujeres que optan por abortar, cuyo contenido adelantó ayer Público, y que fue presentado por el Gobierno tras la reunión del Consejo de Ministros.

La propuesta más novedosa del texto consiste en encriptar las identidades de las mujeres que abortan para proteger su intimidad.

Fuentes jurídicas consultadas por este periódico señalaron, sin embargo, que es muy probable que con el decreto no se hubiera evitado la situación que se dio a principios de enero con el caso de la clínica madrileña Isadora. Entonces, 25 mujeres fueron interrogadas por la Guardia Civil por mandato judicial. Esta es la única excepción, la orden judicial, que establece el borrador para dar a conocer los nombres encriptados de las mujeres que hayan abortado.

Ley de plazos

'El problema de fondo no es que las clínicas faciliten los datos, sino que hay jueces que emiten órdenes que obligan a desvelar esos datos', afirmó la portavoz de la Asamblea Feminista de Madrid, Justa Montero. Para Altamira Gonzalo, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, 'lo que realmente protegería a las mujeres sería una ley de plazos'.

A su juicio, el borrador del decreto, que obliga a los centros a codificar los nombres de las mujeres que abortan, aporta poca novedad. 'La confidencialidad ya estaba protegida con la Ley de Sanidad, aunque lo que ahonda no daña', añadió Gonzalo.

Del mismo modo se expresó Empar Pineda, vocal de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI). No obstante, criticó que el borrador no especifique de qué manera se protegerá a los profesionales.

Fuentes del Ministerio de Sanidad señalaron que esta protección ya está implícita 'porque se aplicará un marco jurídico mejor elaborado que el que estaba ahora'.

Valoración del Gobierno

Por otra parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró, tras la reunión del Consejo de Ministros, que 'nadie, absolutamente nadie, puede entrometerse en la intimidad de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo libremente'.

Para De la Vega es inadmisible que las mujeres que decidan abortar sufran un 'escarnio público', ante una decisión que ya de por sí es dolorosa y complicada. El texto, que se aprobará previsiblemente antes de que acabe el año, tendrá carácter retroactivo, por lo que las mujeres que ya hayan abortado también podrán solicitar la confidencialidad de sus nombres.