Los derechos que obtuvieron las mujeres durante la Segunda República obedecieron a la lógica de la instauración de un régimen democrático y a las demandas del movimiento feminista, muy activo desde la década de 1920. En la Constitución de 1931 se consagró la igualdad entre hombres y mujeres y en el matrimonio. También se aprobó el sufragio femenino, después de un debate en las Cortes en que destacaron las dos únicas diputadas en esos momentos (de un total de 465): las abogadas republicanas Clara Campoamor y Victoria Kent, quien además era directora general de Prisiones. Con esta medida, por primera vez en la historia de España las mujeres accedieron a la ciudadanía política y pudieron votar en las elecciones de 1933, aunque su presencia en la vida política no siempre fue fácil.

Por otra parte, la implantación del matrimonio civil y la aprobación del divorcio (marzo de 1932) constituyeron medidas también muy importantes. Se sancionó la igualdad en el acceso a los puestos oficiales, pero pervivieron situaciones discriminatorias, como un salario un 50% inferior al del varón. El fuerte impulso de la República a la creación de escuelas se tradujo en un descenso del analfabetismo del 57% al 37% de las mujeres. Sin embargo, todavía era escasa la presencia femenina en la enseñanza secundaria (con un 30% del total de estudiantes) y en la universitaria (unas 2.300 alumnas frente a 30.000 alumnos). Aunque las Escuelas Normales y algunos centros de primaria adoptaron una enseñanza mixta, continuó la costumbre de separar a niños y niñas en aulas diferentes, y se mantuvieron las asignaturas de labores para las niñas.

En suma, la República significó una gran aportación a los derechos sociales y políticos de las mujeres y a su consideración como ciudadanas, pero con frecuencia fue un avance más formal que real, por el arraigo de tradicionales prejuicios y por la corta vigencia del régimen republicano, truncado por el golpe de Estado de 1936.