El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz se ha declarado hoy inocente en el juicio por un presunto delito contra la ordenación del territorio en la concesión de una licencia urbanística, y ha confesado que aceptará "lo que tenga que aceptar" porque no quiere pasar el resto de su vida en la cárcel.

Muñoz, que lleva 17 meses en prisión, ha asegurado que siempre actuó en el Ayuntamiento "dentro de la más absoluta legalidad" y ha justificado haberse conformado en juicios anteriores con la pena solicitada por la Fiscalía en el tiempo que lleva preso, enfermo y en los desplazamientos de 600 kilómetros que ha debido soportar para sus comparecencias judiciales.

En este sentido, ha señalado que está acusado en 83 procedimientos urbanísticos, por lo que si no toma la decisión que tiene que tomar, pasará 83 años en la cárcel.

"Acepto lo que tenga que aceptar, hasta si fui el que hizo lo de las torres gemelas si es necesario", ha aseverado el ex alcalde, que se enfrenta a una petición fiscal de dieciocho meses de cárcel y ocho de inhabilitación.

En el último juicio contra Julián Muñoz, aceptó la pena de nueve años de inhabilitación y 9.000 euros de multa que pedía para él la fiscalía por otro delito urbanístico.

Al igual que el resto de ex ediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) procesados en el denominado caso "Incopromar", Muñoz ha explicado que los concejales aprobaban o no los puntos incluidos en el orden del día de las comisiones de gobierno según un listado, que la mayoría ha llamado "cuadernillo", en el que se indicaba si contaban con informes técnicos y jurídicos favorables o desfavorables, y del que el secretario municipal daba cuenta.

En concreto, el caso se refiere a la comisión de urbanismo celebrada el 4 de julio de 1997 para aprobar una licencia de obras para la construcción de un edificio de 68 viviendas, locales y apartamentos relativo a un acuerdo previo alcanzado por el Ayuntamiento con la empresa Incopromar, propiedad en un 95 por ciento del fallecido periodista Antonio Herrero.

El ministerio público considera que la licencia se otorgó pese a que se proyectaba sobre parte de un suelo clasificado como viario y destinado a uso público, y que además excedía la edificabilidad permitida.

Todos los ediles han coincidido en señalar que daban por sentada la legalidad de los puntos que aprobaban si éstos contaban con una propuesta de resolución favorable en función del informe técnico y jurídico, y han negado haber recibido instrucciones del ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca en uno u otro sentido.

Roca, que está imputado como inductor de un delito contra la ordenación del territorio, ha declarado que el responsable de elaborar esos informes era el jefe del servicio jurídico de Urbanismo, el funcionario Jorge González, quien está citado como testigo.

En el juicio están acusados además los ex ediles Manuel Calle, Rafael González, Mario Jiménez, María Luisa Alcalá y José María Pomares, que han declarado hoy, y Juan Antonio Yagüe, un hermano de la ex alcaldesa Marisol Yagüe que se encuentra en busca y captura.

También había sido citado el que fuera primer teniente de alcalde del Consistorio Pedro Román, quien ha abandonado la sala después de que la jueza estimara que está fuera del procedimiento porque no formaba parte de dicha comisión de gobierno.

Por otra parte, la jueza ha denegado la petición de las defensas de sobreseimiento provisional de las actuaciones contra Roca y José Luis Sierra, ex asesor jurídico del fallecido ex alcalde Jesús Gil.