El negocio de decir que el lobo no viene

El de las agencias de rating es un negocio basado en ponerles nota a empresas, instituciones financieras, gobiernos y demás administraciones públicas sobre el riesgo que existe de que no paguen sus deudas. En el que quien paga por la calificación es el calificado, no quien utiliza la información para decidir sobre sus inversiones y, por tanto, no quien sale perjudicado si no se detecta el peligro a tiempo.

Un negocio del que resulta muy complicado prescindir, sobre todo para las instituciones financieras, porque la única vía de entrar en los mercados de capitales e, incluso, de acudir al Banco Central Europeo (BCE) para obtener liquidez es llevando por delante una calificación sellada por una o varias de esas agencias. Sólo hay tres entidades conocidas a nivel mundial y no existe ninguna ley que les exija responsabilidades. Un chollo.

Standard & Poors, Fitch y Moodys hicieron el agosto antes de que la crisis les explotase en las manos y los inversores, reguladores y gobiernos se quedasen mirándolas, preguntándose por qué no alertaron de lo que se venía encima. Cobraban por ello.

Sus ingresos proceden, por un lado, de la nota que le dan al calificado, revisada temporalmente (en la mayoría de los casos, una vez al año tras una visita de un día) y, en teoría, cada vez que haya un cambio sustancial en los riesgos. Y, por otro, también cobran las calificaciones a las emisiones de deuda de los mismos calificados, ya sean letras del Tesoro u otra deuda pública, bonos de una empresa o títulos emitidos por bancos con el respaldo de los ingresos futuros de las hipotecas (titulizaciones).

El coste anual para una empresa no financiera por ser calificada es de unos 60.000 euros. Cuando se trata de financieras, las cifras se disparan. Desde un mínimo de 300.000 euros al año, la factura puede llegar a superar los 600.000, eso contando con que se haya pactado un precio especial. Cada emisión por separado cuesta entre 30.000 y 50.000 euros.

Al calor de las vacas gordas, las emisiones fueron aumentando progresivamente año tras año. Un buen rating permitía obtener financiación a un coste mínimo. La economía seguía eufórica metida en su paranoia de que había que endeudarse más para seguir creciendo. Entonces llegaron los contratos marco para lo que las agencias de rating llaman frequent issuers (los emisores de deuda más activos), "aquellos que emitían más de 1.500 o 2.000 millones de deuda al año en más de dos emisiones", comentan fuentes de una cotizada. Los equipos comerciales de las agencias ofrecían una rebaja del coste total si el cliente se comprometía a un número mínimo de emisiones, explican empresas y entidades financieras. Alcanzar el número de emisiones pactado sólo tenía lógica si la calificación era la adecuada. "Hay un volumen mínimo de emisión sin el que no te salía a cuenta ese contrato", indican.

"Cuanto más emitías, más ganaba la agencia de rating", añaden desde un banco. "Si el rating era malo, no hacías la emisión porque el interés subía. Si el rating era bueno, emitías. Entre 2005 y 2007, era una forma de financiación segurísima. Y cuanto más emitías, el precio era mejor".

En 2007, las titulizaciones se dispararon en España. Primero, porque ya arrastraban cifras históricas y en la segunda mitad del año porque, tras el estallido de las subprime, la banca se dio cuenta de que las titulizaciones eran una tabla de salvación para la liquidez (se pueden cambiar por efectivo en el BCE). Standard & Poors España ganó un 42% más en 2007 que en 2006. Fitch España ganó 26 veces más (aunque en su caso también porque sólo contabilizó nueve meses de 2006).

Hoy, las rebajas de rating son una rutina. Caer del escalón considerado como inversión segura (investment grade) a uno considerado de riesgo (no investment grade) supone pagar dos puntos porcentuales de interés más (10 millones de euros más en una emisión de 500 millones). La falta de liquidez de los mercados encarece aún más las emisiones.

Se ha cuestionado desde todas las instancias a las agencias y, sin embargo, no muchos rescinden sus contratos. Según los datos enviados por McGraw Hill al árbitro bursátil de EEUU (la SEC), su filial Standard & Poors ingresó 1.284 millones de dólares a nivel mundial en el primer semestre de 2009, un 6,9% menos que en el mismo periodo de 2008. La principal causa, explica la firma, era "la debilidad de los mercados de emisiones", no la rescisión de contratos. El margen que dejan esos ingresos, una vez descontados los gastos, es del 41%.