Al grito de 'la Amazonia no está en venta', miles de indígenas peruanos armados con palos, lanzas, machetes y piedras continúan con la revuelta iniciada en mayo en las cuatro provincias del norte, las más ricas del país. El miércoles realizarán una movilización nacional 'por la paz y la vida'.

El fondo de este conflicto es la decisión del Gobierno que preside Alan García de aplicar un paquete legislativo que permita la explotación de las inmensas riquezas energéticas que esconden estas tierras. El líder nativo, el shawi Alberto Pizango, sobre el que pesa una orden de búsqueda y captura por instigar a la rebelión, decidió ayer solicitar asilo político en la embajada nicaragüense en Lima. 'Mi vida corre peligro. Estoy perseguido', dijo.

El Gobierno de Nicaragua le concedió el asilo según confirmó el embajador de este país en Perú, Tomás Borge Martínez, en declaraciones a la prensa en Managua, quien señaló que el caso de Pizango 'tiene todas las características de ser un asunto político' y está siendo analizado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y por el Congreso peruano.

'Nuestra única alternativa, teniendo en cuenta el espíritu solidario que tiene el presidente (de Nicaragua) Daniel Ortega con los que se supone son perseguidos políticos, es otorgarle el asilo político al señor Alberto Pizango', dijo Borge Martínez.

'No lo sabemos', respondió el líder sandinista cuando le preguntaron si la decisión de otorgar el asilo político a Pizango complicará las relaciones con el Gobierno del presidente Alan García. 'No tenemos más remedio ni más alternativa que el de otorgar el asilo a Pizango por tratarse de un caso estrictamente político y de ser un perseguido político', agregó.

Borge, uno de los fundadores del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), declaró que pedía 'la comprensión' al Gobierno de Lima por la decisión tomada. Sin embargo, destacó que 'hasta ahora no ha habido ninguna reacción negativa ni molestia especial de parte del Gobierno de Alan García'.

En dos días de duros enfrentamientos ya han muerto al menos 33 aborígenes y nueve agentes, aunque estas cifras siguen sin confirmarse. El martes, Felipe Cortés, miembro de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami) aseguró a Público vía telefónica que la situación 'es caótica' y agregó que están recopilando pruebas que demuestran que las fuerzas de seguridad del Estado 'están haciendo desaparecer cuerpos lanzándolos al río o quemando los cadáveres'.

En opinión de Cortés, la violencia policial demuestra que el Gobierno sigue considerando a 'los pueblos originarios un obstáculo para el desarrollo regional que tienen planeado. El argumento oficial es que Perú necesita producir más gas y petróleo dentro de un modelo económico liberal al que Lima no está dispuesto a renunciar bajo ningún concepto. Así lo recalcó el domingo cuando tachó de antipatriotas a los indígenas que hablan de conservacionismo medioambiental y de desarrollo sostenible. Este martes fue aún más lejos al denunciar una conspiración externa para frenar el avance económico del país. '¿A quién le conviene que el Perú no utilice su gas? ¿A quién le conviene que el Perú no encuentre más petróleo? ¿A quién le conviene que el Perú no pueda procesar más y mejor sus minerales?', indicó en referencia velada a que países como Bolivia y Venezuela apoyan y financian a los indígenas amazónicos.

Pero la realidad es que el esquema de explotación oficial relajar los controles sobre la explotación de minerales, maderas y petróleo, y legalizar la entrega de lotes a trasnacionales no encaja en el pensamiento indígena. Este martes reiteraron que hablar de desarrollo es hablar de un modelo que está a años luz del que se intenta implantar. 'Para nosotros la tierra es el embrión que dio origen a la existencia de nuestros pueblos. Si la perdemos somos un pueblo sin vida y, por tanto, estamos sentenciados a ser exterminados', señala la Asociación Interétnica de desarrollo de la selva peruana (AIDESEP) que lidera Pizango.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó ayer que 'la obligación del Estado de esclarecer judicialmente' lo sucedido el viernes. El Tribunal Constitucional reconoció ayer la ilegalidad de las normas que el Gobierno trata de impulsar y el defensor del pueblo peruano denunció la brutalidad con la que actuó la policía.

Mario Palacios, representante indígena de Perú

1 -¿Cuál es la situación actual en la Amazonia?

De calma tensa. El jueves habrá una movilización masiva en Perú apoyada por todas las organizaciones sociales y sindicales. Dependiendo de la respuesta del Gobierno a nuestras demandas de soberanía nacional y respeto a la vida, en julio podríamos iniciar un paro nacional.

2 -Ustedes denuncian que el Gobierno manipuló la versión de los hechos ocurridos en Bagua.

Ha sido una manipulación tremenda. A estas alturas ya están saliendo evidencias de que las víctimas no fueron policías sino indígenas, cuyo número de muertos puede superar fácilmente los cien. Muchos han sido incinerados y arrojados al río. Ayer, recuperamos dos cadáveres abrasados a 50 kilómetros del lugar de los hechos.

3- ¿Cuáles son sus demandas en este conflicto?

Primero es que deroguen nueve decretos legislativos que atentan contra el modo de vida de los pueblos originarios. Segundo, que una comisión internacional en la que puede estar la Iglesia católica investigue los sucesos ocurridos aquí.

4-¿Qué crédito tiene García?

Ninguno. Con su actitud profundamente racista y despectiva, sólo merece rechazo.