Un tribunal militar en Congo condenó a muerte el martes a dos noruegos y ordenó a ambos y a su gobierno el pago de unos 60 millones de dólares (unos 42 millones de euros) por daños después de acusarles de asesinato y espionaje.

Noruega rechazó inmediatamente las acusaciones de espionaje del país centroafricano y dijo que intentará evitar las ejecuciones. Un importante diputado congolés señaló que no serán ejecutados, ya que la pena máxima ahora es inconstitucional en Congo.

Los noruegos, Joshua French, de 27 años, y Tjostolv Moland, de 28, fueron acusados de asesinato, espionaje y contrabando de armas después de que en mayo de este año su conductor fuera encontrado muerto con una herida de bala en la cabeza cerca de la ciudad de Kisangani, en el anárquico este del país.

"El tribunal declara que todos los crímenes están establecidos en hecho y en derecho (...) y condena a Tjostolv Moland a la pena de muerte (...) y a Joshua French a la pena de muerte", dijo un funcionario no identificado en la atiborrada sala.

El tribunal también dictaminó el pago de una indemnización de 60 millones de dólares por parte de Noruega y sus dos ciudadanos al estado congolés, además de decenas de miles de dólares en compensación a los familiares del conductor. La sentencia fue recibida con vítores por parte del público.

Moland y French han dicho que son inocentes y que ya no están vinculados con el Ejército noruego, en contra de lo que dijo el tribunal. Noruega dice que dejaron de pertenecer al Ejército en 2007, mientras que el presidente del tribunal les consideró oficiales en activo y agentes secretos noruegos.

"Es muy grave que dos noruegos hayan sido condenados a la pena de muerte. Noruega utilizará todos los modos y canales para evitar que estos noruegos sean asesinados", declaró a la prensa el martes el ministro noruego de Asuntos Exteriores, Jonas Gahr Störe.

Las violaciones de los derechos humanos son rampantes en Congo, y los tribunales suelen ser acusados de corrupción e ineficacia, pero el presidente Joseph Kabila ha bloqueado de facto las ejecuciones desde 2003.

"No serán ejecutados. La pena de muerte es inconstitucional", dijo el senador Leonard She Okitundu, citando inconsistencias entre el Código Penal y la Constitución. "Sólo pueden ser ejecutados si el presidente rechaza su petición de clemencia. No puedo imaginar que lo haga".

Aún así, el juicio ha obtenido la atención de los medios de comunicación y desatado las especulaciones sobre qué estaban haciendo los hombres en una zona de Congo en conflicto desde hace años pero que está comenzando a atraer la atención de los inversores que esperan aprovechar sus intactas reservas de petróleo.

Antiguos soldados son contratados con frecuencia por compañías privadas de seguridad que actúan en el este del país, pero hay muchos interrogantes sobre para quién trabajaban ambos.