La nueva base de datos de ADN permitirá esclarecer al año 5.000 casos sin resolver

La base única de datos policiales de ADN, cuya ley reguladora entra hoy en vigor y en la que se unifican los ficheros de la Policía y la Guardia Civil, permitirá esclarecer al año entre 4.000 y 5.000 casos sin resolver, desde homicidios y agresiones sexuales a robos con fuerza y delitos de terrorismo.

El comisario de la Policía Científica Antonio del Amo advierte, no obstante, de que "esto no es el CSI, donde parece todo tan bonito, siempre consigues los indicios, reconstruyes todo y las pruebas de ADN te dicen en una hora quién es".

"Todo lleva sus plazos", concluye Del Amo en conversación con Efe.

Los dos Cuerpos policiales han "volcado" en esta base la información genética que cada uno de ellos guardaba en distintos ficheros desde hace unos nueve años, con lo que sus agentes podrán contrastar de forma automática los perfiles que almacenan de su numerosas investigaciones y cruzarlos con los de sospechosos o imputados por delitos de especial gravedad.

La nueva norma deja la puerta abierta al uso y cesión de los datos procedentes de otras bases como los ficheros de las policías autonómicas o del Instituto Nacional de Toxicología.

La base única, que cuenta con unos 45.000 perfiles genéticos, de los que sólo unos 6.000 están identificados, facilitará también la identificación de personas desaparecidas o restos cadavéricos.

Hasta ahora, según el comisario Del Amo, esos perfiles han sido recogidos con autorización judicial o del implicado, pero la ley que hoy entra en vigor va a permitir obtener muestras sin necesidad del consentimiento previo de los detenidos por delitos contra la vida, la libertad o la integridad de las personas, robos con violencia, crimen organizado o terrorismo.

Sin embargo, para el genetista del Instituto Nacional de Toxicología Antonio Alonso, la falta de regulación de la toma de muestras sin consentimiento puede acarrear problemas "ético-jurídicos".

En una entrevista concedida a Efe, Alonso sugiere que esto se podría solventar con la creación de una comisión nacional sobre el uso del ADN en la que se trate el tema del consentimiento y la confección de formularios para la obtención del mismo.

Según este experto, la ley "establece de manera muy abierta que a cualquier individuo se le pueda tomar una muestra siendo sospechoso, detenido o imputado" y precisa que cuando éstos expresen su negativa a someterse a este tipo de pruebas, será necesaria la autorización judicial.

No obstante, "hoy en día el ADN se puede tomar de cualquier individuo sin que esté informado, sin que se dé cuenta, simplemente con un seguimiento", observa Alonso, que destaca que es precisamente esta práctica la que puede traer problemas.

Como ejemplo, recuerda el recurso que el etarra Orkatz Gallastegi impuso ante el Tribunal Supremo contra una sentencia de la Audiencia Nacional que le condenó basándose en una prueba de ADN practicada sobre "restos biológicos de un escupitajo" tomados sin él saberlo cuando ya estaba detenido.

El Supremo le absolvió argumentando que "no puede tener validez probatoria alguna el análisis de ADN practicado sobre una muestra biológica indubitada que fue obtenida sin las garantías exigidas por nuestra ley procesal".