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Las nuevas tasas judiciales suponen "un freno" para que las mujeres denuncien la violencia machista

El observatorio contra el maltrato denuncia además que el nuevo código penal deja impune la vejación injusta a la mujer, "primer eslabón" de la cadena que en ocasiones termina en el asesinato

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La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Inmaculada Montalbán, ha denunciado este miércoles que las nuevas tasas judiciales impuestas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que entran en vigor mañana, serán 'un freno' y 'un obstáculo' para que las mujeres vícitimas de violencia machista denuncien sus casos ante el Juzgado.

Aunque los casos penales están exentos de tasa, estas mujeres sí deberán pagarla por las demandas civiles de separación o divorcio de sus agresores que también tramitan los Juzgados de Violencia Machista, lo que puede disuadirlas de denunciar sus casos y desvincularse de los causantes del maltrato, según explicó Montalbán.

Agregó que la motivación económica y la situación actual de crisis es una de las principales causas que influyen en las mujeres a la hora de denunciar la violencia o, tras presentar una denuncia, renunciar a la misma. Por ello, 'sólo oir de tasas' puede ser contraproducente, según Montalbán, que abogó porque el Gobierno y las autonomías mantengan las ayudas económicas a estas víctimas previstas en la Ley Integral.

La también vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha manifestado en estos términos durante la presentación de los datos de los juzgados contra el maltrato recogidos en sus siete años de existencia, desde que en julio de 2005 se pusieron en marcha en aplicación de la Ley Integral para combatir esta lacra social aprobada en 2004.

Además de contra las nuevas tasas, Montalbán ha arremetido contra la reforma del Código penal aprobada por el Gobierno, porque elimina la falta de vejación injusta que, según ella, supone 'el primer eslabón' de la cadena de maltrato que, en numerosas ocasiones, desemboca en asesinatos. Según ha explicado, en estos últimos siete años se han contabilizado 21.600 casos de este tipo, y han subido en ese periodo en un 121%.

Ello supondría, agregó esta magistrada, que quedaran impunes los 'primeros eslabones en la cadena del maltrato', hechos como proferir a la mujer frases como 'Cállate, tú no vales nada', ó 'No salgas con tu familia', o 'No te mereces tal cosa'. 'Van dirigidas a la denigración de la dignidad de las mujeres', y en muchas ocasiones son el principio de un maltrato creciente que puede terminar en asesinato.

También se opone al nuevo Código --que se encuentra en fase de informe ante organismos como el propio Consejo del Poder Judicial, antes de su aprobación definitiva-- por reintroducir la posibilidad de pena de multa para estos delitos, lo que fue prohibido por la Ley Integral de 2004.

A juicio de Montalbán, la experiencia en los juzgados es que las multas son penas que, al final, también recaen sobre las víctimas, porque el condenado las detrae del gasto doméstico de la casa o de bienes gananciales, habiéndose dado casos en los que la propia mujer las ha pagado para evitar un embargo que la afectaría. Por ello, cree que deben seguir vetadas en estos casos, sustiyéndose por trabajos en beneficio de la comunidad o por la localización permanente.

Otro aspecto de la reforma que cree preocupante es permitir al juez que acuerde una mediación cuando suspenda la ejecución de la pena en estas causas, ya que supone una medida 'contraindicada' en asuntos de violencia machista, y está prohibido también por la Ley de 2004.

La presidenta del Observatorio espera que el Gobierno sea sensible a estas objeciones y corrija el proyecto, en el trámite de audiencia que está llevando a cabo ahora con los órganos constitucionales o bien escuchando a las asociaciones de mujeres. En el caso de la supresión de la falta de vejación injusta, su postura es que pase a considerarse como delito leve. 

No todo son críticas. Montalbán apuntó que la reforma del Código Penal, en materia de lucha contra la violencia machista, sí tiene dos aspectos positivos: tipificar de forma clara el acecho o acoso; y castigar los matrimonios forzados, ya que son una forma de violencia sobre la mujer.

Sobre la actividad de los juzgados de Violencia sobre la Mujer en sus siete años de vigencia, la magistrada destacó el dato de que han dictado 108.123 sentencias condenatorias, lo que supone 78,7% del total. Estos juzgados instruyen las causas por violencia sobre la mujer pero también enjuician y sentencian las faltas y los delitos cuando hay acuerdo entre las partes.

Para Montalbán, el dato de los fallos condenatorios debe interpretarse como que en España se ha acabado con la impunidad en los casos de las primeras amenazas, coacciones y malos tratos que sufren las mujeres, lo que es muy relevante porque los asesinatos que se registran no son supuestos súbidos o inopinados, sino que tienen detrás una historia de maltrato.

Asimismo, mostró su preocupación por el incremento de menores de entre 14 y 17 años relacionados con delitos de violencia machista, que ha sido del 23,7 por ciento desde 2007. Entiende que debe 'intervenirse' en el aprendizaje de estos adolescentes para que no tengan estos comportamientos 'de dominio'.

El número general de denuncias por violencia machista desde 2007 ha sido de 735.730, lo que arroja una media diaria de 360 y un aumento del 4,3 por ciento. Ha crecido más la cifra de renuncias (29% desde 2009), por dependencia económica o de otro tipo con el agresor, o directamente por miedo.

Montalbán enmarcó la presentación de estos datos en los actos por el Día Internacional contra la Violencia sobre la Mujer que se celebra este domingo 25 de noviembre.

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