Nuevas trabas legales a las ayudas al carbón nacional

Nuevo retraso, y ya van unos cuantos, a la puesta en marcha del incentivo al carbón nacional diseñado por el Ministerio de Industria, que debería estar en marcha desde pasado mañana. Todo indica que eso no ocurrirá, aunque el retraso podría durar sólo hasta el miércoles, cuando la Audiencia Nacional decidirá si aplica las medidas cautelarísimas solicitadas por las eléctricas en su recurso al decreto de Industria, que incluyen la suspensión de esa norma.

Las eléctricas argumentan que el plazo de tres días que Industria les concedió para presentar a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) sus compromisos de compras futuras de carbón es insuficiente. Para el ministerio es un "tema menor"; para algunas fuentes del sector, supone el "bloqueo" a la normativa. Industria lo niega "rotundamente": ya hay almacenado carbón de sobra (se acumula desde hace más de un año porque no es rentable quemarlo), por lo que, asegura, el incentivo podría estar en marcha de inmediato. De hecho, el ministerio dice que "todas" las empresas (Endesa lo niega) le han comunicado ya que tienen listos esos modelos de compra.

Industria niega un "bloqueo" del incentivo y habla de "tema menor"

Para añadir confusión al asunto, ayer se conoció que el Tribunal de Luxemburgo (ante el que las eléctricas también han recurrido el decreto) ha enviado un escrito a Industria en el que sugiere valorar la conveniencia de retrasar la aplicación del decreto hasta que se despejen algunos asuntos jurídicos "menores", según Industria, que subraya que se trata de "una comunicación no vinculante". De manera informal, el tribunal podría haber sondeado al Gobierno sobre la posibilidad de bloquear el decreto, vistas las alegaciones de parte del sector, aunque fuentes jurídicas ven improbable que esa suspensión se produzca, informa D. Basteiro.

La ayuda al carbón nacional, que la Comisión Europea ha aprobado a regañadientes, añadirá más presión si cabe a los costes del sistema eléctrico. El mecanismo consistirá en obligar a las empresas a quemar el mineral a cambio de un precio fijo, lo que perjudicará a otras centrales (como las que queman carbón extranjero). El Gobierno lo justifica por razones estratégicas, pero la razón de fondo es salvaguardar unos 7.000 empleos en la minería.

El Tribunal de Luxemburgo sugiere retrasar su puesta en marchaIU, que apoya su aplicación, ha propuesto, en sus enmiendas a los Presupuestos, inyectar 278 millones para incentivar la actividad en las comarcas mineras, la creación de nuevas empresas y la inversión en nuevas infraestructuras, según anunció ayer su portavoz en el Congreso, Gaspar Llamazares, para quien el Gobierno se ha movido en una "ambigüedad calculada" en esta materia.