Hace justo 20 años, con el arresto de Mario Chiesa, presidente del asilo Pio Albergo Trivulzio de Milán, se activó un motor que permitió sacar a la luz miles de casos de corrupción, abuso de poder, lavado de dinero, apropiación indebida y falseo de cuentas. Partiendo de aquello, y gracias a la investigación Manos Limpias, fue posible realizar también un examen a nivel cultural, ético y político de la Italia de la época que ayudara a comprender qué se podía hacer para cambiar el país. Sin embargo, una vez que se descubrió el tumor social de Tangentopoli, en lugar de curar la enfermedad, se prefirió curar a los médicos y por eso, a tantos años de distancia de Manos Limpias, poco o nada ha cambiado.

De hecho, los políticos han intentado desde entonces criminalizar y demonizar a la magistratura, le han arrebatado los instrumentos necesarios para intervenir, han desviado la atención y han despenalizando delitos como el falseo de cuentas para poder campar a sus anchas y bloquear procesos como el de Tangentopoli.

El mecanismo de comisiones ilegales se ha perfeccionado y refinado

En todos estos años ha habido un intento terrible por reescribir aquellas páginas de la historia como si se hubiera tratado de un acto de agresión y violencia contra la clase política. Yo, por mi parte, he tratado por todos los medios de defender Manos Limpias y defenderme a mí mismo de las continuas difamaciones, de las injurias, calumnias y de las reiteradas campañas de deslegitimación que hemos sufrido.

Y desgraciadamente, hasta que no se extirpe este sistema que masacra el mérito, penaliza a las personas honestas, premia a los malhechores y contamina tanto el mercado como la política, no podrá producirse ninguna recuperación de nuestra economía.

Lo cierto es que el sistema italiano se ha hundido por culpa de la eterna enfermedad de la corrupción durante los 20 años que han seguido a Tangentopoli y hoy, aquel mecanismo de comisiones ilegales, se ha perfeccionado y refinado.

Italia hoy es como un campo lleno de hierbajos. El ciudadano se encarga de arar el terreno, pero si luego nadie lo siembra, las malas hierbas vuelven a crecer. Y no es el magistrado el que tiene que desempeñar ese papel, sino la clase dirigente. Cualquier Gobierno que se respete tiene la obligación de dar una señal de discontinuidad con el pasado y plantarle cara políticamente a este sistema.

Italia de los Valores presentó hace un año una ley para luchar contra la corrupción que está en punto muerto porque hasta ahora ninguna fuerza política ha querido incluirla en las discusiones del Parlamento. Hemos sido los únicos que han insistido en la necesidad de una ley que incluya tres reglas muy simples, no solo para limpiar el Parlamento, sino para hacer que las relaciones entre políticos y empresarios sean mucho más transparentes.

Para empezar, cualquiera que haya sido condenado, incluso en primer grado, no debe poder ser candidato en ningunas elecciones. Los representantes del pueblo tienen que estar por encima de toda sospecha.

Segundo: aquellas personas que estén siendo objeto de algún tipo de investigación no pueden ocupar cargos ni en el Gobierno central ni en los gobiernos locales. Respetamos la presunción de inocencia, pero es mejor saber si uno es culpable o inocente antes de poner en sus manos lo público.

Tercero: los empresarios que han cometido algún tipo de delito contra la Administración pública no pueden optar a ningún tipo de adjudicación. Si se quiere cortar el hilo conductor de la corrupción entre política y mundo de los negocios no hay otra solución.

Por desgracia, la política sigue haciendo oídos sordos y demasiado habitualmente forma parte de este sistema. No hay más que echar un vistazo al gran número de imputados y condenados por delitos graves que hay sentados en los escaños de la Cámara y el Senado.