El presidente de EE.UU., Barack Obama, sopesa detener a sospechosos de terrorismo de forma indefinida en suelo estadounidense y, según se supo hoy, reanudar los juicios a los detenidos en Guantánamo, lo que empaña su promesa de cerrar ese penal.

Si al final se decanta por esas opciones, Obama podría crear en una base militar en suelo estadounidense un sistema de detenciones y juicios que no diferiría mucho del establecido en Cuba por su predecesor, George W. Bush.

"La Administración de Bush y (el vicepresidente Dick) Cheney ha concluido, pero irónicamente gobierna desde la tumba", dijo a Efe Eugene Fidell, presidente del Instituto Nacional de Justicia Militar.

"Ella puso en marcha una sucesión de acontecimientos que ha limitado las opciones del Ejecutivo" de Obama, explicó.

La cuestión es qué hacer con los 241 hombres retenidos en Guantánamo, algunos desde hace más de siete años.

Los republicanos han lanzado una ofensiva contra la Administración, a la que acusan de poner en peligro la seguridad del país con el cierre de Guantánamo y han dicho a los estadounidenses que Obama pretende trasladar a "terroristas" a su barrio.

Pero la resistencia no solo viene del partido de la oposición. Hoy el Senado debate un proyecto de ley demócrata que otorga los 50 millones de dólares que Obama ha pedido para costear el cierre de Guantánamo, pero con la condición de que el dinero no se use para enviar a detenidos a Estados Unidos.

Otras audiencias recientes sobre el tema dejaron claro que ningún congresista quiere que le traigan detenidos a su distrito.

En marzo, el fiscal general, Eric Holder, dijo que algunos de los que no son considerados peligrosos tendrán que ser puestos en libertad en Estados Unidos, que quiere enviar el resto a países aliados, especialmente europeos.

No obstante, también hay un grupo de entre 50 y 100 sospechosos que "no pueden ser liberados ni juzgados", dijo recientemente el secretario de Defensa, Robert Gates, presumiblemente porque el Gobierno no cuenta con suficientes pruebas en su contra.

Para ellos el Gobierno sopesa mantener el encarcelamiento indefinido y sin juicio, según reveló hoy el senador republicano Lindsay Graham tras un encuentro con el asesor legal de la Casa Blanca, Greg Craig, en declaraciones al diario The Wall Street Journal.

La Administración presentó esa opción a líderes del Congreso, que tendría que establecer un marco legal para las detenciones. Un tribunal nacional de seguridad, a ser creado con ese propósito, daría su aprobación caso por caso, según el rotativo.

Graham está a favor de un sistema de este tipo, pero incluso él reconoce las complicaciones. "Es una cuestión difícil. ¿Cómo se mantiene en prisión a una persona sin juicio indefinidamente?", se preguntó.

Ese sistema daría lugar a un alud de recursos judiciales y acabaría, como todos los temas de Guantánamo hasta ahora, en el Tribunal Supremo, según los expertos legales.

También queda la cuestión de cómo juzgar a los detenidos contra los que el Pentágono sí tiene pruebas. Este grupo, según la Administración anterior, es de unas 80 personas.

El Gobierno de Bush creó para ello unos tribunales especiales que favorecen a la fiscalía y que en junio del año pasado, durante la campaña electoral, Obama consideró "un fracaso enorme".

Pero ahora, el presidente quiere resucitarlos en territorio estadounidense con algunos cambios, según se ha filtrado a la prensa.

Las nuevas reglas impedirían la presentación de confesiones obtenidas tras maltratos, limitarían el uso de declaraciones oídas a terceras personas y darían más libertad a los detenidos para elegir a sus abogados.

No obstante, mantendría la estructura esencial de los tribunales como un sistema alternativo de justicia que seguiría sujeto a la multitud de recursos que han atascado los procesos hasta ahora.

"No entiendo por qué quieren revivir los tribunales de Guantánamo, no se ha explicado. No comprendo por qué no pueden juzgar los casos en una corte federal", dijo Fidell, que enseña derecho en la facultad de la Universidad de Yale.

También se oponen tajantemente las organizaciones de derechos humanos, que están alarmadas ante la posibilidad de que Obama cree un nuevo Guantánamo en territorio estadounidense.