En un discurso denso y formal, Barack Obama cogió ayer el toro por los cuernos y defendió sus decisiones más controvertidas: el cierre de Guantánamo, el futuro de sus prisioneros, su decisión de no desclasificar fotos confidenciales sobre abusos contra sospechosos de terrorismo, su negativa a respaldar una 'comisión de la verdad' sobre el uso de la tortura y la necesidad de reparar las 'decisiones precipitadas' del gobierno de George Bush. 'Estamos ordenando algo que es, simplemente, un caos', dijo sobre el legado de su antecesor.

Es ya el sello de su presidencia: la arenga pedagógica, la charla pragmática, y la envolvente y calculada articulación de sus intenciones. Fue la respuesta pausada a las críticas de la oposición republicana y, últimamente, también de los demócratas.

El presidente abordó todos los temas: en algo más de 45 minutos en el National Archives, el solemne edificio en Washington que guarda las ediciones originales de la Constitución estadounidense y la Declaración de Independencia, y bajo la mirada de los padres fundadores, trató de dar coherencia a los cambios de opinión que tanta controversia han despertado en las últimas semanas.

'Tuve que encontrar el equilibrio adecuado entre transparencia y seguridad nacional afirmó el presidente. El público y la prensa han visto estos casos como contradictorios, yo no'.

Asumió todas las decisiones de estos últimos meses y sus consiguientes contradicciones: cerrar Guantánamo y acabar con la 'noción errónea de que una prisión debe estar más allá de la ley'; restablecer las comisiones militares 'en un marco legal', tras suspenderlas al poco de asumir el poder; desclasificar los informes de la CIA sobre la tortura para que 'los estadounidenses entendieran mejor cómo se usaron estos métodos' y negarse a publicar fotos de maltrato porque hubieran alentado 'sentimientos antiamericanos'.

También advirtió a los actuales legisladores de que 'tomar decisiones en un clima de miedo sólo podía llevar a cometer más errores'. El mensaje iba dirigido a los propios demócratas que el pasado miércoles se negaron a aprobar en el Senado una partida de 80 millones de dólares que el Gobierno había pedido para cerrar Guantánamo.

'No soy la única persona en esta ciudad que ha prestado el juramento de defender la Constitución', añadió Obama criticando directamente la crispación política en el Congreso, al que acusa de haber envenenado el debate.

Una vez más, usó sus indudables cualidades oratorias, su apacible tono de maestro zen y la claridad analítica de un profesor de derecho constitucional, el que fue en la Universidad de Chicago, para explicar a los estadounidenses el dilema ético y político entre 'seguridad y transparencia', y las ineludibles contingencias al ordenar el 'caos' heredado de su predecesor y encauzar su propia estrategia contra Al Qaeda en un marco legal.

'Sabemos que Al Qaeda está planeando más ataques' contra Estados Unidos, dijo Obama, al enmarcar sus acciones en la guerra continua contra la nebulosa red islamista. 'En este momento, en lejanos campos de entrenamientos y ciudades abarrotadas, algunas personas se preparan para matar estadounidenses'.

También justificó su decisión de no respaldar una comisión de la verdad sobre el uso y la justificación de la tortura porque 'nuestras instituciones democráticas son lo bastante fuertes' para determinar responsabilidades.

Al especificar las cinco categorías en las que serían divididos los 240 prisioneros de Guantánamo, Obama empezó tranquilizando a la opinión pública y sobre todo a los congresistas preocupados por sus votantes. 'No vamos a soltar a nadie que vaya a poner en peligro nuestra seguridad nacional'. El presidente reconoció públicamente por primera vez que buscaba una fórmula legal de 'detención prolongada', bajo supervisión del Congreso y del sistema judicial, para encarcelar indefinidamente los prisioneros considerados 'peligrosos' para Estados Unidos y que no podían ser juzgados ni por lo civil ni por las comisiones militares.

En una inusitada reunión en la Casa Blanca el día anterior al discurso, sabiendo que el anuncio provocaría controversia, Obama explicó sus intenciones a varios representantes de organizaciones pro derechos humanos.

El mandatario criticó abiertamente el equipo de su predecesor que 'frente a amenazas inciertas' tomó decisiones basadas 'en el miedo' y 'recortó los hechos para adaptarse a unas predisposiciones ideológicas'.

En esa 'época de miedo, muchos de nosotros, demócratas, republicanos, políticos, periodistas y ciudadanos, mantuvimos el silencio', reconoció Obama, que calificó de 'ineficaz' e 'insostenible' el sistema legal creado por Bush 'con el único propósito de luchar contra el terrorismo'.

Juicio en los tribunales federales
Obama dividió los 241 presos en Guantánamo en cinco categorías. Primero, están aquellos que deben ser juzgados en los tribunales federales de EEUU. “Nuestras cortes y nuestros jurados son lo suficientemente duros para condenar a terroristas”, dijo el presidente.

Las comisiones militares
Obama ha aprobado la continuación de las controvertidas comisiones militares, pero con más derechos para los detenidos, que tendrán más libertad a la hora de elegir a sus abogados y más protección si se niegan a testificar. No se admitirán pruebas obtenidas bajo tortura, motivo por el que se crearon estas comisiones en 2006.

Detenidos sin cargos
La tercera categoría son los detenidos “cuya liberación ya ha sido ordenada por los tribunales” porque “no encontraron razones legítimas para mantenerlos en Guantánamo”. Se trata de 21 prisioneros cuya suerte fue decidida antes de la llegada de Obama y que aún no han encontrado sitio adonde ir.

Deportación a otros países
Otros cincuenta detenidos podrían ser “transferidos a otros países”, ha concluido el equipo del Departamento de Justicia que se encarga de examinar los casos uno por uno. EEUU, dijo Obama, “está discutiendo su traslado, detención y rehabilitación con otro países”.

Detención prolongada
Y queda lo más complicado. Los prisioneros “que no pueden ser enjuiciados y que suponen un peligro para el pueblo estadounidense”. Para estos, el Gobierno está estudiando formas de “detención prolongada” bajo la supervisión del Congreso y del sistema judicial porque “no puede ser la decisión de un solo hombre”.