El profesor Rafael Bustos considera 'una aberración' identificar la responsabilidad penal con la política. La primera, recuerda, obliga a responder de actos previstos en el Código Penal y la segunda, exclusivamente por actuaciones en el ejercicio de funciones políticas o en el ámbito personal.

'La primera es exigible a todos los ciudadanos; la segunda, sólo a los políticos. Equipararlas es como decir que a los políticos les exigimos que no cometan delitos. ¡Faltaría más!', exclama. 'A los políticos hay que exigirles más, que sean honrados, eficaces, que respeten la ética pública'. Deben respetar 'un código de conducta más estricto, les exigimos que sean mejores que el ciudadano normal', añade.

'Es cierto', puntualiza en referencia a la investigación judicial abierta por los regalos que supuestamente recibió Francisco Camps, 'que nadie guarda facturas de trajes. Pero un gobernante sí ha de hacerlo porque ha de demostrar permanentemente la limpieza de sus actos'.

Del mismo modo, y aunque no puede 'controlar ni condicionar el trabajo de sus hijos', señala Bustos, esta vez en referencia implícita a la subvención que presuntamente otorgó el vicepresidente Manuel Chaves a la empresa en la que trabaja su hija, el político 'ha de estar en condiciones de demostrar que no se haya producido ninguna colisión de intereses entre sus funciones como gobernante y los intereses profesionales de sus familiares'.

Montero Gibert recuerda que 'aceptar un traje no va contra el derecho penal, pero hacerlo en relación con una trama es algo que repugna a cualquier demócrata', más aún si quien lo hace tiene funciones ejecutivas.

La sombra de la sospecha

Siempre sin hacer referencia a nadie en concreto, César Aguado confirma que aceptar regalos de empresas que reciben contratos millonarios puede ser una práctica condenable y dar lugar a responsabilidades políticas. 'Sin duda. Y ello con independencia de que acabe constatándose que los contratos no fueron concedidos indebidamente.

En política importa extraordinariamente alejar la sombra de sospecha y, sin necesidad de ser un especialista en contratación pública, es fácil intuir que las concesiones pueden justificarse jurídicamente sin excesivos problemas en uno u otro sentido'.

La mejor manera de evitar suspicacias 'es rechazar los presentes, tanto más cuanto mayor sea su valor, conforme al elemental principio de que cuando se gestionan intereses comunes no sólo hay que ser honesto, sino también parecerlo', remacha Aguado.