Los cerca de 5.335 millones de euros previstos en obra pública este año en Castilla y León supondrán unos 100.000 empleos, entre los que se mantienen y los que se crean, en un sector que resiste la crisis, pese a los problemas de financiación que han acabado con alguna empresa.

La presidenta de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Isabel de Blas, en una entrevista con EFE, ha asegurado que "el empleo se va a mantener" en 2009 en el sector de la obra pública en la Comunidad.

De hecho, a lo largo del año el sector habrá generado, entre empleos mantenidos y nuevos, cerca de 100.000 puestos de trabajo, de ellos unos 60.000 directos.

"El dato es significativo", en un momento de crisis en el sector de la construcción por la caída del mercado de la vivienda, ha destacado esta empresaria arandina.

La crisis en el sector "está muy concentrada en la promoción de vivienda, que está parada", pero sin embargo "las empresas de obras públicas no están en riesgo", ha aseverado la presidenta.

Al respecto, ha subrayado el dato de licitación de obra pública de enero a mayo, que alcanza en la Comunidad los 2.352 millones de euros, un 62 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado.

"Prácticamente se ha duplicado" la licitación de obras por parte de las administraciones públicas en estos cinco primeros meses del año, y la previsión es que esta tendencia continúe a lo largo de 2009, ha añadido Isabel de Blas.

Por ello, próximamente se superará la cifra de licitación de 2008, que fue de 2.985 millones de euros, ya que las obras que se concederán en las próximas semanas elevarán la cifra a unos 3.200 millones de euros en lo que va de 2009.

"No se ha perdido empleo ni se prevé que se pierda; al contrario, del sector residencial", dedicado a construir viviendas, una buena parte del empleo que se pierde "pasa a la obra pública", ha recalcado la presidenta.

No obstante, ha advertido de que muchas obras públicas que se licitan actualmente "tardaremos en verlas" comenzar, porque en algunos casos se tarda hasta un año en iniciarlas.

Este panorama halagüeño contrasta con los problemas de algunas grandes constructoras, abocadas al cierre no por falta de trabajo en la obra pública, sino por problemas financieros.

"Me duele en el alma" el caso de Begar en Castilla y León, ha confesado Isabel de Blas.

La falta de financiación por parte de las entidades bancarias "ha destruido a muchas empresas, incluso con balances buenos" en su cuenta de resultados, pero que "no han podido salvar la falta de liquidez", ha declarado esta empresaria.

Además, los problemas de financiación "están generando falta de confianza" y "se está quedando mucho dinero" sin invertir por "esta desconfianza" entre financieros y empresarios, se ha lamentado la primera mujer que preside la Cámara.

Por ello, considera que "si es necesario", debe intervenir el Estado, porque "si no, el sistema se cae", con el consiguiente aumento del paro, mientras el sistema financiero "no baje al suelo", a la realidad diaria de muchas empresas con problemas de liquidez.

"Los financieros no aportan nada" y el grifo "está cerrado" para muchas empresas, que sin embargo "no pueden parar la obra", que debe cumplir unos plazos ante la Administración, ha comentado.

Para salvar el obstáculo de la financiación, la Cámara de Contratistas y la Junta de Castilla y León acordaron el pasado mes de abril una serie de medidas, que agilizan y abaratan los trámites en la licitación de obra pública.

Una de estas medidas es que la Junta tarde solo tres días, y no hasta dos meses como era habitual, en el procedimiento de cobro de las certificaciones de obras.

Aunque la Junta y el Estado "pagan bien", por lo general, "el problema, y grave, son los ayuntamientos", ha manifestado la presidenta.

No todos los ayuntamientos son morosos, pero muchos tardan hasta ocho meses en pagar a las empresas y en toda España deben cerca de 40.000 millones de euros a proveedores y contratistas, ha indicado Isabel de Blas.

La Cámara de Contratistas de Castilla y León representa a 135 empresas de obra pública que operan en la Comunidad, el 90 por ciento de las que trabajan en la región, incluidas las grandes constructoras.