La zona euro está embarcada en una "modesta recuperación" que "probablemente invertirá la estructura de crecimiento regional anterior a la crisis", de manera que los países con mayores déficit corrientes, como España, crecerán a menor ritmo que los excedentarios, como Alemania, en los próximos años.

Ésta es la conclusión que se desprende del informe sobre la región publicado hoy por la OCDE, en el que la organización alerta sobre las "graves" amenazas que aún pesan sobre la recuperación, relacionadas con el potencial de depreciación de los activos bancarios, el endeudamiento estatal y los desequilibrios en los países periféricos.

En este sentido, la organización insta a impulsar las reformas encaminadas a superar las limitaciones que posee la zona euro como entidad supranacional, para gestionar adecuadamente la salida de la crisis en los 16 países.

"La crisis económica ha sido el primer gran examen al que se ha sometido la zona euro", dejando al descubierto que su sistema de gobierno, donde las competencias están repartidas entre organismos nacionales y supranacionales, dificulta la adopción de respuestas rápidas, en momentos en los que la rapidez puede ser "crucial".

"Se impone un nuevo enfoque global", que debería "apoyarse en un amplio abanico de políticas que permitan afrontar los desequilibrios macroeconómicos, favorezcan el saneamiento de las cuentas públicas (proceso que debe empezar en 2011 en todos los países) e impulsen instrumentos de vigilancia del sistema financiero", dice el informe.

La Unión Europea "deberá reforzar la vigilancia" sobre todas estas áreas mediante el anunciado endurecimiento de la disciplina, que deberá incluir sanciones más estrictas y fáciles de aplicar a los países que no atiendan a las recomendaciones.

Ese marco deberá ser completado con el mecanismo permanente para países insolventes que prepara actualmente la UE y que, a juicio de la OCDE, deberá estar sujeto a "estrictas condiciones" y clarificar la prioridad de cobro de los bonos soberanos de países "rescatados".

Asimismo, "convendría" permitir que el futuro mecanismo pueda adquirir títulos de deuda pública en los mercados secundarios para enfriar posibles recalentamientos de deuda de la zona euro.

Por otro lado, la organización propone introducir consejos nacionales de vigilancia presupuestaria independientes de los gobiernos para mejorar la evaluación de las cuentas públicas.

Estas iniciativas deben complementarse con la adopción de medidas estructurales en las economías con déficit corriente, pero también en las excedentarias, aunque la OCDE reconoce que el ajuste "llevará más tiempo y será más difícil" y doloroso en las primeras.

Así, los países deficitarios que, como España, vivieron un "recalentamiento económico" en el periodo anterior a la crisis, deberán impulsar un ajuste de precios y salarios, "para restaurar la competitividad y facilitar la reestructuración de los sectores que conocieron una fuerte expansión durante los años de crecimiento".

La OCDE cree que hace falta una congelación de precios durante cinco años en Grecia, Irlanda, Portugal y España, combinada con una inflación del 2% en el resto de países, para regresar a tasas de cambio reales equivalentes a las de 1999.

La organización destaca que España ya ha previsto bajadas de los salarios de los funcionarios y que la reforma laboral podría contribuir al proceso de normalización.

También en el capítulo de remedios contra los desequilibrios, la organización critica las "políticas mediocremente concebidas" que agravaron el incremento de la demanda de vivienda en países como España, que vivió una subida de precios del 80% entre 2002 y 2007, respecto a incrementos del 70% en Francia y del 45% en Irlanda.

Asimismo, la OCDE llama a incrementar la capacidad de resistencia a futuros choques previniendo el coste futuro del envejecimiento demográfico y avisa que el empleo tardará en recuperarse.

Por otro lado, la organización reconoce el importante papel desempeñado por el Banco Central Europeo durante la crisis, aunque cree que deberá elevar las tasas de interés en cuanto aparezcan riesgos de inflación y proceder al desmantelamiento progresivo de las medidas excepcionales adoptadas para hacer frente a la crisis de deuda.

Por último, alerta sobre los riesgos asociados al sector bancario, por lo que recomienda la realización de test de solvencia periódicos a las principales entidades para valorar el potencial de depreciación de sus activos.

El extenso documento destaca que España es el país que ha tomado medidas más enérgicas para garantizar la salud de su sistema financiero, mediante los requerimientos de capital impulsados por el Banco de España a partir de 2000 y la más reciente reestructuración del sector de las cajas de ahorros.