Un juez estadounidense aplazó hasta el 21 de julio el plazo para que Odyssey formule por escrito sus objeciones a la recomendación de un magistrado para que se devuelva a España el tesoro de monedas de oro y plata hallado en el fondo del mar por esa empresa en 2007.

"Presentaremos nuestras objeciones al informe y a las recomendaciones del juez (Mark) Pizzo antes o el mismo día 21", dijo hoy a Efe un portavoz de la empresa de exploración submarina estadounidense, con sede en Tampa (Florida).

A partir de esa fecha, el Estado español dispondrá hasta el 31 de agosto para "presentar cualquier respuesta a nuestras objeciones", indicó Odyssey en un comunicado.

Será el magistrado Steven Merryday quien examine el alegato de Odyssey y la propuesta formulada por el juez del caso, Mark Pizzo, quien recomendó que el tesoro, valorado en más de 500 millones de dólares (360 millones de euros), vuelva a manos del Estado español.

Pizzo dio la razón el pasado 3 de junio a España al señalar que "carece de jurisdicción sobre el caso" y recomendar que el tesoro, en disputa desde hace más de dos años, regrese a su país de origen.

Aunque la recomendación inicial del juez es desfavorable a los intereses de Odyssey, su director general, Greg Stemm, ha expresado su confianza en el "sistema legal" estadounidense durante esta fase o en los procedimientos posteriores de una apelación, "si ésta fuese necesaria".

Odyssey sostiene que la documentación presentada muestra que la mayoría de las monedas del cargamento recuperado en el Atlántico "pertenecían a individuos privados que pagaron unos honorarios por su transporte".

Por consiguiente, la devolución de las 500.000 monedas de plata y oro al Gobierno español, "al que nunca pertenecieron", según Odyssey, "desafía la lógica y la razón".

La recomendación del juez Pizzo deja entrever que el pecio hallado por Odyssey es el Nuestra Señora de las Mercedes, perteneciente a la Armada Española, una identidad que la empresa estadounidense sólo ha considerado como hipótesis solida.

Para España, las pruebas son definitivas y confirman que la identidad del buque de guerra es "La Mercedes", hundido en 1804 tras combatir contra una fragata británica, lo que pone el cargamento bajo la protección del principio de inmunidad soberana.

Pero Odyssey contraataca con el argumento de que, aún en el caso de que el tesoro recuperado procediese del buque español, esa nave viajaba en una misión comercial en el momento de su hundimiento, por lo que los tribunales de EEUU tienen jurisdicción sobre el caso, que se ha denominado "Cisne negro".

El abogado del Estado español en el juicio que se sigue en Tampa, Jams Goold, considera que la posición legal de España en este contencioso "está absolutamente clara" porque se fundamenta en "principios legales internacionales".

Los documentos históricos presentados por el Gobierno español indican que la fragata "La Mercedes" se hundió en combate frente a las costas del Algarve, el Portugal, y que sus restos pertenecen a un cementerio de guerra, donde están protegidos por la inmunidad soberana del Reino de España.