Oídos sordos en la UE a las críticas contra legislación sobre indocumentados

La cumbre de la Unión Europea (UE) hizo hoy oídos sordos a las críticas de países de Latinoamérica y África y de organizaciones de derechos humanos a la reciente norma sobre retorno de inmigrantes irregulares, que no han sido evocadas en la discusión sobre inmigración.

Los jefes de Estado y Gobierno han dado ya su visto bueno al capítulo de inmigración en su texto de conclusiones, pero en el debate no se discutieron esas reacciones negativas de los países latinoamericanos y africanos a la directiva de retorno de indocumentados, indicaron a Efe fuentes comunitarias.

La directiva fue aprobada el pasado miércoles por el Parlamento Europeo después de que ya había recibido el visto bueno de los 27 Gobiernos de la Unión Europea.

Esa norma, que entrará en vigor dentro de dos años, establece unos criterios mínimos comunes en los países de la UE sobre cómo tratar a los inmigrantes que hayan entrado irregularmente en territorio comunitario.

Por ejemplo, nueve países de la UE no tienen actualmente límites al internamiento forzoso de indocumentados, que pueden quedar retenidos de forma indefinida, y la nueva legislación fija un período máximo (de seis meses, ampliables a 18 en casos de problemas de identificación).

La Unión Europea insiste también en que esas medidas garantizan unos derechos mínimos, y que los países que quieran puedan adoptar medidas con más garantías (como las que tiene España).

Sin embargo, tanto dentro de la UE (grupos de derechos humanos, partidos de izquierda u organizaciones de juristas) como fuera (sobre todo países de Latinoamérica y África) han criticado algunas de las medidas de la directiva.

Los puntos más criticados son el elevado período máximo de retención, la posibilidad de que los menores no acompañados puedan ser devueltos a los países desde los que llegaron a suelo europeo, y no necesariamente a los de origen y el alcance de la supervisión judicial de las retenciones forzosas.

Tras la aprobación de la norma en el Parlamento Europeo el miércoles, prácticamente todos los Gobiernos de Latinoamérica manifestaron críticas o preocupación, e incluso el secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, dijo que la legislación incluye medidas "pueden producir grandes injusticias".

La reacción más severa vino del presidente venezolano, Hugo Chávez, quien dijo este jueves que su Gobierno revisará las inversiones en Venezuela de los países que apliquen la directiva.

Chávez, en una rueda de prensa conjunta con el presidente electo de Paraguay, Fernando Lugo, calificó de "indignante" la medida, a la que llamó "directiva del bochorno", y dijo también que el petróleo venezolano "no irá" a los países que adopten la medida.

El Alto Representante de Política Exterior de la UE, Javier Solana, consideró hoy que esa reacción fue "totalmente desproporcionada".

"Yo respeto lo que pueda decir el presidente Chávez, pero me parece que es una declaración, a mi juicio, totalmente desproporcionada", declaró Solana a Efe.

En el texto de conclusiones, el Consejo Europeo "se felicita" por la aprobación de la directiva de retorno de irregulares y reitera que "hace falta una política efectiva de retorno y readmisión".

Para ello, los líderes de la UE apuestan por la inmigración legal y con garantías, además de por lograr más acuerdos de retorno de los inmigrantes irregulares con los países de origen.

La cumbre pide que se acelere el proceso de decisión de varias normas actualmente en discusión para promover la llegada de inmigrantes legales y las sanciones a quienes den trabajo ilegal o abusen de los indocumentados.