ONG denuncian que el reglamento de los CIE afirma el modelo policial

Las principales organizaciones que trabajan con migrantes y derechos humanos en España han expresado su decepción por el Reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros, una norma que consideran "una oportunidad perdida" porque consolida el modelo policial actual, no desarrolla suficientemente los derechos de los internos y en muchos casos, supone "claros retrocesos".

A esta conclusión han llegado la Campaña Que el Derecho no detenga a las Puertas de los CIE, la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE, el Servicio Jesuita a Migrantes y Cáritas Española.

Entidades todas ellas críticas con el redactado final del reglamento, que no ha tenido en cuenta muchas de las observaciones elevadas por el Consejo de Estado, como ampliar las garantías a las salas de inadmitidos de los aeropuertos, que se convierten en "limbos jurídicos".

"Las subcontratas de la asistencia social no han prevenido las muertes ni el sufrimiento" 

La Campaña Que el Derecho no detenga a las Puertas de los CIE (que integran SOS Racismo, Elín, Andalucía Acoge y APDHA) denuncia que el reglamento permite el encierro de personas vulnerables. Entre ellas, "menores, personas discapacitadas, ancianos, mujeres embarazadas, padres solos con hijos menores y personas que hayan padecido tortura, violación u otras formas graves de violencia psicológica, física o sexual" con la única reserva de prestarles "atención especializada".

Asimismo, destaca que la norma "mantiene el marcado carácter policial de los centros", pues la policía no se encarga sólo de la seguridad sino también de gestionar todo lo relativo a la permanencia del extranjero. Además, se generaliza la posibilidad de que los agentes porten armas de fuego aunque estas instalaciones no tienen carácter penitenciario.

"La vigilancia con armas de fuego es alarmante"

Para Cáritas y el Servicio Jesuita al Migrante "es incomprensible y alarmante la introducción de vigilancia con armas de fuego con carácter general" porque "los CIE siempre han sido espacios sin armas de fuego". En este sentido, la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE, que ha convocado para este martes una protesta frente al Ministerio de Interior, afirma que "los derechos de las personas internas son supeditados a los criterios policiales de seguridad y control, una práctica policial consolidada durante casi tres décadas de existencia, caracterizada por la opacidad, arbitrariedad, el abuso y la impunidad, y que ha tenido consecuencias fatales para los derechos y la integridad de las personas internas y su entorno social". Por ello, han rebautizado la norma como "el reglamento de la vergüenza".

Cuestionan las restricciones en la atención médica y en el régimen abierto de visitas 

En cuanto a los derechos de los internos, las ONG tildan de "escandaloso" que siendo personas "privadas únicamente del derecho deambulatorio", se les nieguen en la práctica derechos que sí se garantizarían en una cárcel, como el acceso libre a la atención médica 24 horas al día o un régimen abierto de visitas de familiares que tenga garantizada la intimidad y que no esté limitado a media hora algunos días por semana.

Registros con desnudos integrales

La Campaña Que el derecho no se detenga señala otros retrocesos en la norma, como que no garantiza la instalación y funcionamiento de video-cámaras de vigilancia, se autoriza el registro personal con desnudo integral, que quedan fuera del reglamento las salas de inadmitidos de los puertos y aeropuertos "convirtiéndose en lugares de peor derecho" o que la regulación no garantiza el acceso de las entidades sociales a los CIE.

También denuncian que las salas de inadmitidos de los aeropuertos españoles se han convertido en "limbos jurídicos"

"Las ONG no ven reconocido ningún derecho de acceder a los centros. Sólo es un derecho individual de cada interno. Adicionalmente, queda al arbitrio de la dirección del centro la posibilidad de firmar un acuerdo o convenio que posibilite las visitas de estas organizaciones", recuerdan. La Campaña Estatal por el Cierre incide en que la norma "abre las puertas a privatizar y subcontratar toda la asistencia social", aunque "las subcontratas no han prevenido las muertes ni el sufrimiento humano que supone la exclusión, persecución, reclusión y deportación de seres humanos".

"Ninguna organización social que de verdad defienda los Derechos Humanos entrará a negociar la gestión de estos campos en los que se producen violaciones de derechos diarias", dice esta plataforma. Desde el Servicio Jesuita a Migrantes y Cáritas Española, reconocen que el texto final es mejor que los primeros borradores, pero creen que "no recoge muchas de las resoluciones de carácter general de los Juzgados de control de los CIE, recomendaciones de Defensor del Pueblo y de Fiscalía y observaciones de las organizaciones sociales que acompañan el día a día de las personas internas".

Víctimas de trata y solicitantes de asilo

En este sentido, destacan que no aborda los criterios de ingreso en los CIE, las funciones que atribuye a los servicios sociales "no son acordes" con su relevancia a la hora de detectar perfiles vulnerables, como víctimas de trata o solicitantes de asilo y no se incluye el deber de informar a los internos sobre las causas de su reclusión o de las resoluciones administrativas y judiciales que se vayan produciendo durante su estancia.

Estas organizaciones de la Iglesia inciden asimismo en que no se recoge la obligación de que el traslado de personas desde los CETI de Ceuta y Melilla a los CIE vaya acompañado del historial médico, "a pesar de las implicaciones que ello tuvo en 2011 para la vida de Samba Martine", que falleció en el centro de Aluche, en Madrid.

Creen que no garantiza el funcionamiento cámaras de vigilancia 

Tampoco se incluye el protocolo de derivación médica que en 2013 firmaron el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y que a fecha de hoy, no se está cumpliendo, conforme denuncian Cáritas y el SJM, que apuntan a otras carencias, como en la regulación de la tramitación de las quejas de los internos, que no garantiza su celeridad.