Brasil debe tener un especial cuidado de respetar los derechos humanos en sus medidas para contener la violencia en Río de Janeiro antes de que hospeden el Mundial del fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos en 2016, dijo el viernes un alto funcionario de las Naciones Unidas.

La violencia se desató en Río de Janeiro en octubre después de que supuestos narcotraficantes abatieran a tiros un helicóptero de la policía militar, propagando el miedo en la ciudad, que sólo semanas antes había celebrado el triunfo de su elección como sede de los Juegos Olímpicos.

Grupos de defensa de los derechos humanos acusan regularmente a la policía de la ciudad de usar de manera excesiva la fuerza durante las redadas en las favelas. Las autoridades sostienen que se enfrentan a un difícil desafío contra las bandas atrincheradas.

La comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, dijo que las autoridades brasileñas no pueden pasar por alto los derechos humanos, pues están "montando este gran show para las cámaras internacionales".

"Lo que he hecho durante mi visita a Río ha sido recordar al Gobierno que sea cual sea la estrategia que adopte bajo el nombre de seguridad pública (...) no pueden abandonar la consideración de los derechos humanos", dijo a la prensa en Brasilia.

La inversión en infraestructuras previa a las competiciones también debería beneficiar a los pobres, por ejemplo, a través de la financiación de instalaciones culturales, deportivas y de transporte, añadió Pillay.

"Pueden gastar en transporte público, lo que va a ayudar a los habitantes de las favelas a viajar a sus lugares de trabajo durante mucho tiempo después de que hayan terminado el Mundial y los Juegos Olímpicos", afirmó la comisionada de la ONU.

Además, dijo que Brasil era el único país sudamericano que no ha condenado los abusos cometidos durante el Gobierno militar. Mientras que otros países de la zona han juzgado a ex militares por asesinatos y torturas, Brasil no ha hecho mucho para castigar tales crímenes, comentó.

Pillay afirmó que había animado al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a establecer una comisión para que investigue asesinatos, torturas y otras violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar brasileña, que se extendió entre 1964 y 1985.

"El presidente Lula se mostró muy receptivo a la sugerencia", manifestó Pillay.