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'Operación Chamartín' se reactiva con 6.000 millones y creará 122.000 empleos

El proyecto para remodelar el norte de Madrid -paralizado durante años por la crisis- se ha reactivado a través de un acuerdo entre tres administraciones y el BBVA

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EFE

La denominada Operación Chamartín, un proyecto para remodelar el norte de Madrid paralizado durante años por la crisis, se ha reactivado hoy a través de un acuerdo de las tres administraciones y el BBVA, que prevé una inversión de casi 6.000 millones en los próximos 20 años y crear unos 122.000 empleos.

El proyecto Distrito Castellana Norte, que supone la recuperación y puesta en marcha definitiva de la operación ideada hace 20 años sobre terrenos ferroviarios del Estado de esa zona, beneficiará a la economía de Madrid y del conjunto de España, según han destacado hoy en la presentación del nuevo proyectos los responsables políticos.

El proyecto, que supone la recuperación y puesta en marcha definitiva de la operación ideada hace 20 años


La ministra de Fomento, Ana Pastor; el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González; la alcaldesa de la capital, Ana Botella; y el presidente del BBVA, Francisco González, han celebrado la reactivación de una operación que abarca más de tres millones de metros cuadrados al norte de la capital y supone prolongar en 3,7 kilómetros el paseo de La Castellana, principal arteria de Madrid.

Todos han destacado que la mejora de la economía española hace posible poner en marcha un proyecto congelado por la crisis y que servirá para impulsar la recuperación y el crecimiento con una fuerte inversión y creación de empleo.

La urbanización del nuevo distrito correrá a cargo de la empresa Distrito Castellana Norte -empresa en la que participan dos accionistas privados, BBVA con un 75,5 % y la constructora San José-, que ha indicado que los plazos de la actuación, que contempla 17.000 viviendas -el 10 % con algún tipo de protección- dependerán de la aprobación urbanística por las administraciones.


La empresa espera que "en pocos meses" se apruebe el planeamiento urbanístico para comenzar a trabajar sobre las 311 hectáreas sobre las que se crearán nuevas infraestructuras de transporte, zonas verdes, zonas residenciales y de oficinas.

La operación supondrá soterrar algunas de las actuales instalaciones de Renfe y Adif y ampliar los nudos de carreteras y la estación de Chamartín para adecuarla a las demandas futuras de la alta velocidad y la llegada de viajeros internacionales de Barajas.

Prevé además remodelar la M-30, transformar el nudo de la M-40 y otros refuerzos, así como la implantación de sistemas novedosos de transporte público como tranvías sobre neumáticos con guiado tecnológico para el transporte en algunos barrios.

La tercera zona, denominada Prolongación de la Castellana, da prioridad a la edificación residencial, con 10.000 viviendas.


El proyecto se compone de cuatro zonas, de sur a norte de la ciudad, que ocupan en gran parte las actuales instalaciones ferroviarias presentes en la zona de Chamartín.

En la primera zona habrá un parque central de 24 hectáreas y usos residenciales y de equipamientos; espacios y recintos comerciales y dotaciones de transporte.

La segunda es un área de negocios que prevé 880.000 metros cuadrados de oficinas e introduce mezcla de usos residencial y hotelero, espacios comerciales y equipamientos para que no exista actividad solo en días laborables.

La tercera, denominada Prolongación de la Castellana, da prioridad a la edificación residencial, con 10.000 viviendas.

Por último, la cuarta, la ubicada más al norte, es una zona de 180.000 metros cuadrados que se destinará a actividades económicas avanzadas y equipamientos públicos.


La reurbanización contempla tres "corredores verdes" longitudinales que conectarán, en el límite norte, con el parque de la cuenca alta del Manzanares.

Los promotores de la reurbanización no descartan la construcción de edificios "más altos" que los que hoy hay en Madrid y aseguran que el proyecto tiene asegurada todas las fuentes en forma de capital, deuda y acceso a los mercados, más allá de que el propio proyecto tiene un grado de autofinanciación "relevante" -la venta de viviendas y edificios-.

Las empresas defiende que asumirán "gran parte" de la inversión en infraestructuras y, a la pregunta de si les preocupa un cambio en las administraciones tras las próximas elecciones, aseguran que no trabajan con partidos políticos, sino con administraciones.