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Los pagarés de Rumasa financiaban el "alto nivel de vida" de la familia

El conglomerado tenía movimientos en nueve paraísos fiscales. De una de sus empresas se sacaron 78 millones de los que se perdió el rastro

ANA FLORES

Pagarés para lanzar una oferta por SOS, ampliaciones de capital para una nueva fábrica de Dhul... Estos eran los motivos que figuraban en las publicidades que hacían las empresas de la familia Ruiz-Mateos para captar capital en el mercado. Para ajustarse a la verdad, deberían haber dicho: "Inyectar liquidez en las empresas del grupo que en cada momento estuviesen más necesitadas, devolver los inte-reses de los pagarés que van venciendo (...), pagar las hipotecas de las viviendas de los hijos varones de José María Ruiz-Mateos, aportar capital a las sociedades patrimoniales de toda la familia, mantener su alto nivel de vida, además de 78 millones de euros sacados en efectivo de los que se desconoce su destino final", según el auto de actuaciones del juez Pablo Ruz, cuyo secreto se levantó ayer parcialmente.

Esos fueron los fines a los que se destinaron en realidad los fondos captados en el mercado utilizando la marca Nueva Rumasa. Más de 673 millones de euros que habrían pasado, desde su constitución hasta abril de 2011, por la sociedad que actuaba como caja única del conglomerado empresarial, Bardajera, según los testigos interrogados por la Brigada de Blanqueo de Capitales que figuran en el auto.

La cantidad es muy superior a los 337,4 millones captados de 4.110 inversores mediante la emisión de pagarés, según la información aportada por la familia Ruiz-Mateos. "La información en formato digital aportada por los testigos no se corresponde" con esas cifras, explica el auto. Este hecho, "sumado a los listados que han sido detectados en los que figuran nombres en clave para identificar a los inversores, tanto en Jérez de Frontera (Cádiz), como en Madrid, hace sospechar que probablemente hubo ciertas cantidades procedentes de inversores que no fueron declaradas a Hacienda". La investigación policial arroja 716 nombres diferentes de clientes o inversores con un líquido invertido de 146,6 millones.

Nueva Rumasa era un grupo que no era grupo. Un paraguas que envolvía un mismo de empresas que, a efectos legales, "no formaban parte de ningún holding empresarial, ni presentaban balances consolidados", pero "en el que la dirección y la toma de decisiones era común". Y esas decisiones parecían encaminadas a aspirar dinero, mucho más incluso de lo que se había dicho hasta ahora. Dinero opaco con todas las connotaciones de posible blanqueo que eso tiene.

Para sumar falta de transparencia, el dinero se centrifugó fuera de España. La inmen-sa mayoría de las sociedades que componen Nueva Rumasa "son titularidad de mercantiles domiciliadas en el paraíso fiscal de Belice", controladas por los Ruiz-Mateos "a través de testaferros". La documentación encontrada incluye otros países como Antillas Holandesas, Islas Vírgenes, Panamá, Suiza, Holanda, EEUU, Andorra y Chile, una estrategia de dispersión internacional de la que habría sido responsable Alfonso Barón Rivero.

Belice habría sido, en cualquier caso, el lugar en el que se decidió ubicar las sociedades con capital social de Nueva Rumasa, aunque se mantuviese actividad en otros puntos geográficos internacionales. "Suiza" sería "el país donde al parecer se encuentra la famosa hucha de los Ruiz-Mateos", explica el auto.

Nueva Rumasa acudió al liquidador Ángel de Cabo para que liquidase las empresas del grupo. Le vendió 75 mercantiles, nacionales y extranjeras, así como los apartamentos, hoteles, fincas, bodegas y diversos inmuebles. La intención no era hacer frente a las deudas. "Ángel de Cabo podría haber firmado un acuerdo privado con José María Ruiz-Mateos en el que se repartirían los beneficios de la liquidación: un 80% para la familia y un 20%" para el liquidador. Según el documento aportado por De Cabo, "no se haría frente a las deudas de las sociedades respecto de sus inversores y pagaría un sueldo mensual al cabeza de la familia Ruiz-Mateos y a sus hijos varones hasta el momento en que finalicen las operaciones judiciales".

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