El Gobierno aprobará este viernes medidas de ajuste en el Impuesto sobre Sociedades y en el gasto farmacéutico con el fin de obtener 5.000 millones de euros y cumplir con el objetivo de déficit público. Para ello, el Ministerio de Economía y Hacienda estudia subir el pago fraccionado de las grandes empresas desde el 21% actual hasta el 27%, lo que significa que adelantarían nueve décimas partes de lo que tienen que pagar en el impuesto, ya queel tipo está fijado en el 30%.

Sin embargo, este mayor pago adelantado no se va a exigir a todas las empresas, sino a un colectivo relativamente pequeño, las que mayor volumen de facturación registran. Según los cálculos que maneja el Ministerio serán menos de 7.000 empresas las que se verán afectadas, por debajo del 0,5% del total de sociedades declarantes. La subida en el pago fraccionado se llevará al pleno extraordinario del Congreso la próxima semana, lo que permitiría que se aplicara ya en los desembolsos a realizar por las sociedades en octubre y diciembre.

Claro que si las empresas adelantan un mayor porcentaje del pago del impuesto, la cuota al presentar la declaración anual en julio será menor. No obstante, fuentes del Ministerio niegan que la recaudación del año próximo se vaya a ver perjudicada porque la subida se plantea para un periodo de tres años, hasta 2013, donde se espera que ya se haya producido la recuperación económica y la reducción del déficit público al 3%.

La recaudación por el Impuesto sobre Sociedades no ha dejado de caer desde que empezó la crisis. De los 44.823 millones de euros recaudados en 2007 se ha bajado a 16.198 millones en 2010, poco más de la tercera parte. Tres años consecutivos de descensos que continúan en este ejercicio y que han dejado a los ingresos por Sociedades en su nivel más bajo de la última década. Esto puede parecer lógico por la dureza de la crisis, pero lo que ocurre es que lo que pagan en impuestos las empresas está reduciéndose más de lo que lo hacen sus resultados debido a los beneficios fiscales de que disfrutan.

Eso hace que, aunque el tipo nominal del impuesto es el 30% (el 25% para las pymes), el tipo efectivo medio no pase del 10% y entre las mayores beneficiarias se encuentran las grandes empresas por los incentivos a la internacionalización, a la inversión y el juego fiscal que permiten los préstamos intragrupo, de manera que la expansión exterior de las empresas se hace con cargo a los impuestos. Todo ello ha llevado a los expertos a reclamar una revisión del impuesto y de sus deducciones. La internacionalización está muy bien, pero en estos momentos de debilidad presupuestaria y económica, 'hay que vincularlas al negocio nacional, a que se cree empleo aquí', señalan fuentes cercanas al Gobierno.

La estructura del impuesto no puede modificarse a través de un decreto ley, como el que aprobará el Consejo de Ministros mañana, pero sí se pueden modificar porcentajes de deducción o cuánto se aplica cada año, con el objetivo de que haya menos beneficios fiscales y más ingresos públicos.