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Los países de la UE analizan fórmulas contra el fraude fiscal pero apenas logran avances

EFE

Los ministros de Finanzas de la UE (Ecofin) analizaron hoy fórmulas para combatir el fraude fiscal, pero apenas lograron avances sobre las reformas que algunos países reclaman para reducir la evasión de impuestos y el fraude en el IVA.

Los Veintisiete no obtuvieron unanimidad para poner en marcha un proyecto piloto en Austria para evaluar un posible cambio del sistema de recaudación del IVA.

La idea, defendida por los gobiernos austríaco y alemán, se basa en trasladar la obligación de tributar del proveedor al cliente, siempre que sean empresas, y para operaciones de más de 5.000 euros.

Estos dos países aseguran que de esa manera se reduciría el fraude, un problema que los Estados miembros llevan años tratando de solventar y que, según la Comisión Europea (CE), asciende cada año a entre el 2 y el 2,5 por ciento del PIB comunitario.

Sin embargo, una mayoría de países apuesta por medidas legislativas "convencionales" para mejorar, entre otras cosas, el intercambio de información entre Estados.

El comisario europeo de Fiscalidad, Laszlo Kovacs, explicó en rueda de prensa que la CE podría iniciar la preparación del proyecto austríaco, pero correría el riesgo de que cualquier Estado miembro vetase su puesta en marcha, dado que las decisiones de política fiscal requieren unanimidad.

Sin embargo, Kovacs anunció a los ministros que tiene previsto presentar diez medidas "convencionales" para combatir el fraude en el IVA a finales de este año.

Por otra parte, los ministros analizaron un informe preliminar presentado por el Ejecutivo comunitario para analizar las deficiencias detectadas en la directiva europea sobre la fiscalidad del ahorro.

Varios países, especialmente Alemania, abogan por modificar esta norma para combatir el desvío de capitales a paraísos fiscales, tras el escándalo desatado por las cuentas de ciudadanos alemanes en Liechtenstein supuestamente utilizadas para defraudar al fisco.

Hoy, los ministros acordaron pedir a la CE que presente un informe más completo sobre la directiva antes del 30 de septiembre, aunque no marcaron ninguna fecha concreta para que Bruselas proponga modificaciones.

Kovacs se comprometió, sin embargo, a acelerar los trabajos y a presentar propuestas en los treinta días posteriores a la publicación del estudio.

La directiva sobre la fiscalidad del ahorro, vigente desde julio de 2005 tras años de negociación introdujo el intercambio automático de información entre países sobre los intereses de las cuentas bancarias en el extranjero.

El objetivo era garantizar la imposición efectiva sobre los intereses cobrados por cuentas abiertas en un país distinto al de residencia.

Este principio se aplica sólo a las personas físicas y a los ingresos por intereses, por lo que queda excluido cualquier otro rendimiento de productos de ahorro y las sociedades o fundaciones.

Varios países, entre ellos España, defienden que la aplicación se extienda a las personas jurídicas, pero la reforma parece difícil, en especial por la postura firme de países como Bélgica, Austria y Luxemburgo que mantienen el secreto bancario.

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