El Parlamento de Andalucía acordará en el próximo pleno crear una comisión de investigación sobre los ERE irregulares de la Junta, la primera que se constituye en la Cámara desde hace 17 años. Esta iniciativa fue rechazada por los socialistas en una decena de ocasiones en la anterior legislatura.

La iniciativa ha quedado incluida en el orden día del pleno que celebrará la Cámara autonómica los días 13 y 14 de junio a petición de todos los grupos -PP, PSOE e IU-, según el acuerdo adoptado hoy por la Junta de Portavoces. No obstante, aún está pendiente de determinar cuándo se constituirá la comisión, el método de trabajo y quiénes serán los comparecientes.

El presidente del Parlamento, el socialista Manuel Gracia, ha comunicado durante la Junta de Portavoces que para la puesta en marcha de la comisión será imprescindible que los grupos aprueben la próxima semana, antes del pleno, una resolución sobre su organización y funcionamiento. Las comparecencias han sido objeto de polémica durante los últimos días, después de que el Gobierno andaluz haya estimado que no ve motivos para que declaren ante la comisión ni el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ni su antecesor Manuel Chaves, ni ningún miembro del Ejecutivo autonómico.

El PP andaluz ya anunció en abril que pediría la comparecencia de hasta 24 dirigentes políticos relacionados con la Junta de Andalucía y con el PSOE en la comisión de investigación, entre ellos Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Gaspar Zarrías y Mar Moreno. Chaves se ha mostrado hoy dispuesto a declarar en la comisión de investigación, mientras que Griñán ha señalado que el Gobierno andaluz 'no conocía' las presuntas irregularidades en la gestión de los ERE y ha dejado la decisión sobre su comparecencia a los grupos de la Cámara. Se trata de un compromiso electoral de IU, formación que ahora es parte del Ejecutivo andaluz de coalición con el PSOE y que no descarta ninguna comparecencia, entre ellas la de Griñán y Chaves.

La coalición niega que haya 'vetos' en la comparecencias, pero advierte de que no aceptará 'cacerías' políticas, según ha dicho hoy el vicepresidente de la Junta y coordinador de IULV-CA, Diego Valderas. En la solicitud de creación de la comisión, los grupos piden que se investiguen las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis otorgadas por la Junta, aunque discrepan en el periodo que hay que investigar. PSOE e IU quieren que la investigación se centre en el periodo 2001 a 2010, mientras el PP quiere que se abarquen los ejercicios 2000 a 2010.

Previsiblemente, una vez sea aprobada la comisión de investigación, el Parlamento habilitará el mes de julio para que se produzcan las compareencias.