Nerea Ramírez y Anxela Iglesias
Ecologistas en Acción

¿Se imaginan que los mejores cuadros del Museo del Prado pasaran a estar colgados en las casas de las personas particulares que pagaran por ello hasta 2020 en lugar de estar a la vista de todos y todas? ¿Se imaginan que el parque de El Retiro de Madrid cerrase sus puertas durante algunos fines de semana de los próximos seis años para que grandes familias celebraran allí sus fiestas y bodas? ¿Se imaginan que por los cascos históricos más emblemáticos del país solo pudieran pasear turistas y paseantes autóctonos adinerados durante una temporada?

Es de suponer que esta situación suscitaría enorme indignación y que muchos de ustedes saldrían a la calle a protestar por ello.

Algo parecido ocurre hoy. El Congreso de los Diputados ratifica la reforma de la Ley de Parques Nacionales. Una ley destinada en teoría a proteger las joyas de la naturaleza. Picos de Europa, Doñana, Tablas de Daimiel, Teide, Islas Atlánticas, Ordesa y así hasta quince espacios repartidos en la Península Ibérica y los archipiélagos de Canarias y Baleares. Apenas el 0,7% del territorio total del Estado. Pero parece que también ese pequeño porcentaje de tierra se rinde a la avaricia y los intereses particulares frente al bien común.

A través del Partido Popular y de una enmienda introducida al paso de esta reforma legislativa por el Senado, la conservación de esos parques queda en entredicho. Se autorizan actividades hasta ahora no autorizadas en estos espacios, especialmente la caza, hasta el 2020. Con todas las organizaciones ecologistas en contra, con los directores de los Parques Nacionales en contra y con el resto de grupos políticos en contra, el rodillo de su mayoría parlamentaria ha hecho que finalmente se aprobará la modificación.

Las últimas semanas han sido intensas. Compañeros ecologistas pasaron muchas horas en reuniones y negociaciones para tratar de evitar una reforma de la Ley de Parques Nacionales que rompe con el consenso, que introduce muchas excepciones e inseguridad jurídica, que deja un problema de competencias entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas sin resolver. En definitiva, que empeora la ley existente hasta ahora en vez de mejorarla.

La buena noticia de estas semanas de trabajo es que se logró una unión sin precedentes. Todos los partidos de la oposición y las  tres organizaciones ambientales en el Consejo de la Red de Parques Nacionales, Ecologistas en Acción, WWF y SEO/BirdLife, ofrecieron por primera vez una rueda de prensa conjunta para denunciar la situación. Pero los intereses particulares de grupos de presión e intereses económicos han podido más, y esa es la mala noticia.

Esos intereses particulares tienen nombre y apellido. Las últimas semanas la prensa ha publicado numerosos casos de grandes empresarios que vallan, construyen mansiones de quince chimeneas y cazan en Parques Nacionales con toda normalidad. El caso del parque de Cabañeros, en Castilla-La Mancha, es paradigmático de todas esas actividades que perjudican al bien común.

Es un momento muy triste para el ecologismo, pero también para el conjunto de la sociedad, que pierde una parte de lo que es suyo. Ese espacio tan pequeño que ocupan los Parques Nacionales es la memoria natural del resto del territorio. Cuando lo que queda está sepultado por el asfalto, por infraestructuras, por campos de golf, por centros comerciales, no da igual que desaparezcan aunque sean pequeños, como tampoco da igual que no podamos pasear por El Retiro aunque solo sea un parque dentro de una ciudad inmensa. Precisamente porque lo de alrededor está en ruinas y precisamente porque los Parques Nacionales son irrepetibles (como una obra de Velázquez) hay que protegerlos. Porque son un museo vivo, porque son un centro de investigaciones bajo el cielo, porque son espacios donde podemos aprender cómo funciona la vida. Porque va a llegar un momento en que la habremos destruido toda (y por ese camino nos lleva esta ley) y no tendremos el patrón donde fijarnos. Son espacios que albergan especies, ecosistemas, paisajes, formas de vida que ya no existen en ningún otro lugar (de España y del mundo) y por eso son memoria, son información, son reserva, son patrimonio.

Son un tesoro porque son únicos y por eso hay que protegerlos con todas nuestras fuerzas. Para el Partido Popular y sus amigos como Alejandro Aznar o Alberto Cortina, los espacios naturales protegidos no son nada de esto, son pura mercancía (como la sanidad, el agua, la educación o las personas), son sus cotos de caza, sus espacios privilegiados para construirse una mansión o, por qué no, un campo de polo para pasar las mañanas del domingo.