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Pedraz abre un nueva vía para la Justicia universal

El juez logra investigar en un país extranjero un posible crimen de guerra al margen de las limitaciones de las comisiones rogatorias 

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Para los miembros de la comisión judicial que se han trasladado a Bagdad con el juez Santiago Pedraz, la inspección ocular del lugar desde el que se disparó el proyectil que mató a José Couso supone un paso importantísimo para la investigación del crimen, pero sobre todo un hito para todas las causas seguidas por crímenes contra la humanidad. Por eso responder a la pregunta de qué ocurrirá después de Irak sobrepasa el propio caso Couso. Los abogados que ejercen la acusación y que han acompañado a Pedraz a Bagdad también actúan en otros procedimientos de justicia universal, como el genocidio del pueblo maya, los vuelos de la CIA o los crímenes de las dictaduras de Chile y Argentina. Por eso saben bien la dificultad que entraña su investigación y lo que supone el paso dado por el juez de la Audiencia Nacional.

La prueba realizada el pasado viernes en Bagdad es la primera que un juez español hace al margen de las limitaciones de una comisión rogatoria fuera de nuestras fronteras. Es decir, Pedraz, tras el permiso obtenido por el Consejo General del Poder Judicial y la obtención del correspondiente visado iarquí, ha logrado inspeccionar por sí mismo el escenario de un posible delito en otro país sorteando, con todas las garantías legales, la burocracia bilateral propia de comisiones rogatorias.

'Pedraz ha roto una barrera', explica el abogado de la familia Couso

Antonio Segura, que, junto a Raúl Maíllo, ejerce la acusación en el caso Couso en nombre de la Asociación Libre de Abogados (ALA), destaca que hasta ahora los logros de la justicia universal en España eran la condena de Adolfo Scilingo por los crímenes de Argentina y la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró la competencia española para investigar el genocidio de Guatemala.

Enrique Santiago, abogado de la familia Couso, considera que Pedraz 'ha roto una barrera, porque los jueces erróneamente creían que no podían investigar fuera de sus países, ya que eso invadía su soberanía'. Sin embargo, en Irak se ha demostrado que se puede hacer y que las autoridades iraquíes, salvo problemas burocráticos puntuales, impensables en otros países con gobiernos más estructurados, han mostrado su agradecimiento al magistrado español agasajándolo y mostrándole la conocida hospitalidad árabe. Hasta el futuro ministro de Defensa expresó a Pedraz el deseo de que no sea la primera autoridad española que les visita.

Se da la circunstancia además de que los problemas a los que se enfrentó la comisión judicial en el último momento, esas restricciones a la hora de grabar desde el puente al-Jumhuriya, el lugar desde donde disparó el tanque de EEUU que mató al cámara, se debieron a que la autorización dependía del Ministerio de Defensa y no del de Interior, que era el que había dado el visto bueno.

Irak facilitó, contra todo pronóstico, la labor de la comisión judicial

La inspección ocular no se ha limitado sólo a ver si desde el puente se puede distinguir a una persona en la terraza del hotel Palestina donde cayó batido el cámara español. Se trata también de visitar el escenario de los hechos y, ayudado por todos los datos que se conocen, llegar a una convicción sobre lo que ocurrió. Y esa convicción plantearía dos posibilidades. La primera sería constatar que hay indicios de que el disparo fue un intento de amedrentar a la prensa internacional, sin importar si con ello morían periodistas, como ocurrió en este caso con Couso y Taras Prostyuk, lo que sería un crimen de guerra. La otra posibilidad es que el tanque tratase de acabar con la presencia de francotiradores, lo que constituiría un acto de guerra y, por tanto, no habría delito.

Ahora hay que determinar qué intención tenía el disparo que realizó el tanque dirigido por el sargento Thomas Gibson, a las órdenes del capitán Philip Wolford y del teniente coronel Philip de Camp, según consta en los autos de procesamiento dictados contra los tres con anterioridad. Y a tenor de estos autos y de las pruebas recogidas el pasado viernes todo apunta a un crimen de guerra.

Así, el juez Pedraz volverá a dictar un tercer auto porque todos los abogados coinciden en que la inspección ocular apuntala las pruebas del sumario, como las declaraciones de los periodistas que fueron testigos del ataque o el informe del general de la Guardia Civil Gonzalo Jar, que explicó la especial protección que los periodistas cuentan en conflictos armados.

Pese al éxito de la inspección ocular, aún queda mucho trabajo en el caso Couso. Santiago y Maíllo destacan que se deberá trabajar para forzar a Interpol a ejecutar las órdenes de detención internacional acordadas por el juez y que el organismo se negó a cumplir alegando un cambio de reglamento y el veto de EEUU.

También están pendientes otras diligencias. El Tribunal Supremo, al reabrir la causa en julio, solicitaba la declaración de los militares estadounidenses a bordo del tanque, que están en busca y captura, y la de una testigo, la ex sargento Adrienne Kinne, que declaró que la Inteligencia Militar estadounidense fijó como objetivo el Palestina pese a saber que en él se alojaban periodistas. Los primeros no declararán voluntarios ante el juez, salvo que sean detenidos al viajar a Europa. La segunda ha manifestado su disposición a hacerlo, siempre que se haga a través de comisión rogatoria, un requerimiento al que Estados Unidos no ha respondido.

Tras el resultado de la inspección ocular, los abogados son optimistas respecto al futuro del próximo auto de procesamiento. Pablo Die, de la Asociación de Camarógrafos de Televisión y Vídeo, entiende que hay elementos totalmente nuevos, que 'clarifican' lo ocurrido ese 8 de abril de 2003, por lo que la fiscalía, 'si tiene un mínimo de dignidad', no debería recurrir esta vez.

Si el procesamiento no es revocado de nuevo y se comprueba que la falta de respuesta de EEUU impide la realización de los interrogatorios, el juez dictará auto de sobreseimiento provisional, por el que todo lo investigado quedará a la espera de que los procesados sean detenidos y puestos a disposición de la justicia española. En ese momento, se reabriría la causa y se produciría el milagro: se les juzgaría.

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